Por Sebastián del Pilar Sánchez
La noche del sábado 28 de septiembre de 1963 subió a un buque de guerra en el puerto de Sans Souci, en Santo Domingo, el depuesto presidente Juan Bosch, quien salía deportado de su país rumbo a la isla de Guadalupe, acompañado de su esposa, la señora Carmen Quidiello.
El antiguo gobernante fue derrocado en la madrugada del día 25 y había estado prisionero dentro de su despacho del Palacio Nacional, en espera de que los militares golpistas se pusieran de acuerdo sobre su destino.
Bosch marchaba hacia el exilio en la fragata Mella, guiada por el capitán de navío Moisés Eleodoro Cordero Puente, que -además de la tripulación y dos señoras- llevaba a bordo a tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas, con la misión de garantizar su seguridad durante el viaje. Eran ellos, el general de brigada Antonio Imbert Barrera, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, de la Policía Nacional y el capitán de fragata Arturo Bordas Betances, del llamado M-2, un organismo de inteligencia de la Marina de Guerra.
La otra dama que iba en el buque era la señora Guarina Tessón, esposa del general Imbert, quien fallecería unos años más tarde junto a su hija Leslie en un aparatoso accidente de aviación.
Durante todo el trayecto Bosch se mantuvo a distancia de sus custodios, rehuyendo cualquier contacto y negándose a ingerir alimentos, en una clara muestra de antipatía que se incrementó con el golpe de Estado y al enterarse -en su cautiverio- que se fraguaba un plan para deportarlo a Francia, o a San Miguel, una ciudad situada en medio del océano Atlántico, en las islas portuguesas de las Azores, donde se les proveería -a él y doña Carmen- de dos pasaportes dañados, como una jugada del nuevo gobierno para ganar tiempo mientras accionaba una campaña de justificación del derrocamiento de su régimen.
Ese proyecto, sin embargo, fue modificado en la misma tarde del sábado 28, cuando en compañía de la primera dama se presentó en el Palacio Nacional el encargado de negocios de la embajada de Chile, de apellido Zuñiga, con la noticia de que extendería en su favor la protección diplomática solicitada por su esposa el jueves 26.
La determinación chilena estaba enlazada con una firme exigencia hecha por su embajada al gobierno dominicano, para que facilitara la marcha del exmandatario hacia Puerto Rico, donde encontraría el amparo solidario de su antiguo amigo don Luis Muñoz Marín, gobernador de la isla.
De esa manera, con Bosch y su esposa a bordo, el buque insignia de la Marina de Guerra recorrió los mil 400 kilómetros entre Santo Domingo y la isla de Guadalupe, para llegar al anochecer del 29 de septiembre al puerto de la ciudad de “Pointe Pitre”, donde eran aguardados por las autoridades locales y el cónsul dominicano en esa isla, Carlos García Fernández.
La pareja fue alojada en el hotel Carabeille de esa bella comuna francesa; permaneciendo allí hasta el martes 1ro de octubre, cuando viajaron a Puerto Rico junto al señor Heriberto Alonso, ayudante especial del gobernador de la vecina isla, en un pequeño avión bimotor de la autoridad de fuentes fluviales que aterrizó a las 7:35 de la noche en el antiguo aeropuerto Internacional de Isla Verde, en el distrito de Carolina, a unos cinco kilómetros al sureste de San Juan.
En la terminal aérea estaban esperándolos el gobernador Luis Muñoz Marín, la alcaldesa de San Juan doña Felisa Rincón de Gauthier y el secretario de Estado y futuro gobernador, Roberto Sánchez Vilella, quienes les dispensaron una efusiva bienvenida donde primó el protocolo propio de un acto oficial dedicado a un jefe de Estado.
Luego Bosch intercambió saludos con funcionarios puertorriqueños y con varios dominicanos que acudieron a testimoniarle su admiración y afecto. Igualmente aprovechó el momento para ofrecer una emotiva declaración pública, expresando que se sentía “feliz y orgulloso de estar de nuevo en una tierra libre, donde se respeta la democracia”-
También advirtió que la caída de su gobierno significó una experiencia trágica para la libertad en América Latina, “ya que dondequiera que las fuerzas militares asalten la democracia y la asesinen como me ocurrió a mi hace unos días en Santo Domingo, la democracia no florecerá en nuestros países”.
Esta era la segunda ocasión en que el exmandatario llegaba en calidad de exiliado político a la llamada “isla del encanto”. La primera fue en 1938, cuando salió de su país a contribuir -desde el exterior- con la creación de una combativa estructura política antitrujillista, inspirada en la filosofía democrática del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), para organizar a los exiliados y así poder enfrentar la dictadura de Trujillo.
Fue en aquel tiempo que conoció al entonces senador Luis Muñoz Marín, presidente del Partido Popular Democrático, que pasaría a ser en 1948 el primer gobernador de Puerto Rico; y fue en esa época también que se vinculó con importantes dirigentes de la sociedad puertorriqueña, con quienes labró excelentes relaciones de amistad, como la destacada escritora y poetisa Julia de Burgos y el rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, quien le abriría la puerta de esa institución, a través de un contrato como consultor y profesor conferenciante con salario de mil dólares mensuales.
Bosch fue hospedado en la residencia oficial del gobernador de Puerto Rico, conocida como Palacio de Santa Catalina o La Fortaleza, catalogada tiempo más tarde por la UNESCO de “Patrimonio de la Humanidad”, donde flotaría -desde su arribo al lugar- la bandera tricolor dominicana, junto a la del Estado Libre Asociado y la de los Estados Unidos, como muestra de aprecio y respeto del gobierno puertorriqueño a él y la democracia caribeña.
En este lugar se desplegaría una gran ofensiva en defensa de la obra democrática desarrollada por Bosch; explicando el manejo austero de los bienes públicos y su apego irrestricto a la pluralidad ideológica.
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Usando sus propias palabras: “En siete meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre ni ordenado una tortura ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones”.
Bosch y su familia eran huéspedes de la mansión ejecutiva, lugar convertido en trinchera de su causa política, como divulgaran los diarios “El Mundo” y “El Imparcial” al hacer referencia a las reuniones secretas que se efectuaron en su interior con la participación de exfuncionarios de su gobierno y altos dirigentes de su partido que tenían el propósito de reconquistar el poder en Santo Domingo.
Quienes más frecuentaron este sitio fueron el exvicepresidente de la República, doctor Segundo Armando González Tamayo y el señor Nicolás Silfa, uno de los fundadores del PRD, que se había transformado en firme aliado del doctor Joaquín Balaguer, exiliado en la ciudad de Nueva York, a quien había ayudado a fundar el Partido Reformista, del que era su primer secretario general.
También concurrían a La Fortaleza los exministros de Finanzas y de Industria y Comercio, licenciado Jacobo Majluta y doctor Diego Bordas; el exsecretario general del PRD doctor Washington Aníbal de Peña; los antiguos funcionarios consulares Nicolás Antonio Garrido y Enrique Larrauri, y los periodistas Salvador Pittaluga Nivar y Julio César Martínez.
Esa situación originó mucha preocupación en el gobierno de facto del Triunvirato, pues el gobernador de Puerto Rico era un hombre muy influyente en el Departamento de Estado norteamericano durante el gobierno del presidente John F. Kennedy, y su respaldo a Bosch insuflaba ánimo en el Congreso a la línea que promovía de modo constante su retorno al poder.
Muchos gobiernos latinoamericanos se solidarizaron con esa línea política, como fueron los casos de Bolivia, Costa Rica y México que rompieron relaciones con el régimen del Triunvirato, y la misma era sostenida por el esfuerzo de 22 senadores norteamericanos que exigían a la administración Kennedy retirar toda clase de ayuda a los golpistas dominicanos.
En tanto eso pasaba en los Estados Unidos, en Santo Domingo el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Spencer King, tanteaba a la clase política y a los militares sobre la idoneidad de volver al régimen constitucional y democrático escogiendo como presidente de la República al doctor Juan Casasnovas Garrido, senador por la provincia de San Pedro de Macorís, electo en los comicios del 20 de diciembre de 1962, quien había fungido como presidente del Senado en los siete meses de gobierno de Bosch.
Para contrarrestar la simpatía creciente de ese proyecto, que contrariaba los planes de los golpistas, los principales líderes empresariales dominicanos se trasladaron a Puerto Rico, para asumir desde tierra borinqueña la defensa del Triunvirato; imputándole a Muñoz Marín un comportamiento injerencista por su empeño en promover el regreso de Bosch al poder en Santo Domingo.
Fue así que en fecha 4 de octubre de 1963, el periódico El Mundo de Puerto Rico publicó una información, calzada con la firma del periodista Rafael López Rosa, que decía que un grupo de industriales y banqueros dominicanos acusó al gobernador Luis Muñoz Marín de “desconocer la realidad dominicana, prestar su voz a los que exaltan los ánimos contra el nuevo Gobierno y hacer manifestaciones contra éste, que no hizo nunca contra Trujillo ni contra Fidel Castro, de Cuba”.
El diario puertorriqueño aseguraba que el grupo estaba liderado por el presidente de la Asociación de Industrias y del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Horacio Álvarez Saviñón, y que eran sus principales dirigentes Alejandro Grullón, presidente del Banco Popular Dominicano; Homero Hoepelmán, secretario general de la Asociación de Industrias; René Figueroa, de la Cámara de Comercio; Gustavo J. Tavares, de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; Silvestre Aybar, Luis García y Alfredo Bergés.
El portavoz del grupo “invitó al Gobernador Muñoz Marín a que visitara la República Dominicana para que conociera la realidad de un pueblo que tuvo un golpe de Estado más civilista que militar para evitar la inevitable e intolerable infiltración comunista”.
La acusación de intervencionista contra Muñoz Marín llegó tan lejos, que éste se vio precisado a negar rotundamente que estuviese respaldando una intervención militar en la República Dominicana, como había publicado el periódico The New York Times en esos días, aunque favoreció que el gobierno de los Estados Unidos aplicara una política enérgica e inflexible contra el gobierno de facto, de no otorgarle reconocimiento ni darle ayuda económica.
La tarde del 10 de octubre de 1963, en medio de la turbulencia política, se anunció que Bosch se mudaría de la residencia del Gobernador ya que había alquilado una habitación en el hotel “El Convento”, una de las hosterías de primera clase de la ciudad de San Juan, para residir allí junto a su esposa Carmen Quidiello y su hija Bárbara.
También se informó el establecimiento de su oficina política en el hotel San Cristóbal, situado entre las calles San Sebastián y Norzagary de la ciudad de San Juan, que sería su cuartel general mientras permaneciese residiendo en Puerto Rico.
La idea del regreso al poder del líder dominicano comenzó a desvanecerse con el asesinato del presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963, debido a que su sucesor, Lyndon Baines Johnson, al ser un empresario texano de ideas muy conservadoras, poco después de juramentarse desechó la política social latinoamericana contenida en el programa de ayuda económica y social “Alianza para el Progreso”, enterrando la propuesta oficial del malogrado estadista respecto a la implantación y sostenimiento de los gobiernos democráticos.
Una de las primeras decisiones del nuevo presidente fue nombrar en el mes de diciembre de ese año a Thomas C. Mann y Frederick Dutton, como subsecretarios de Estado para dirigir la política latinoamericana y las relaciones congresuales, y ambos confrontaron y extinguieron la influencia de Luis Muñoz Marín en la política exterior estadounidense, estableciendo un nuevo orden diplomático que estimulaba la emersión de regímenes militares o gobiernos fuertes en la región del Caribe y América Latina.
Bosch residió en Puerto Rico bajo la protección del gobernador, hasta poco después de la Guerra de Abril; regresando a su país el 25 de septiembre de 1965.
