MANAGUA, Nicaragua. – Este jueves se cumplen 100 días desde que la población de Nicaragua salió masivamente a las calles. Todo comenzó el 18 de abril con las imágenes de policías y turbas afines al presidente golpeando a pequeños grupos de estudiantes y ancianos que protestaban en León y Managua contra los planes del gobierno para poner un impuesto a las pensiones de los jubilados. Pero, al contrario de lo que pasó con otras manifestaciones reprimidas en los 11 años de gobierno de Daniel Ortega , esta vez, lejos de replegarse, los estudiantes salieron a gritar sus reclamos con más fuerza.
Al día siguiente, las protestas fueron reprimidas con balas: dos estudiantes y un policía murieron. Fueron los primeros fallecidos de un conflicto que en pocos días pasó de ser una reivindicación liderada por universitarios a un movimiento ciudadano generalizado que desde todo el país exigía reformas democráticas y la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Sus voces, cada vez más indignadas conforme crecía la lista de víctimas de la represión, retumbaban en toda Nicaragua.
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100 días después, tras un diálogo fallido mediado por la iglesia católica que logró que Ortega escuchara por primera vez en público las demandas de quienes no comulgan con su gobierno, la crisis de Nicaragua ya se ha cobrado entre 300 y 351 vidas, la mayoría a manos de la policía y paramilitares afines al gobierno, según grupos de derechos humanos.
Pero mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo se niegan a dejar el poder y los ciudadanos siguen firmes en las calles para exigir su salida, la crisis en Nicaragua sigue sumando víctimas y escenas de terror que se intensificaron en las últimas semanas con la llamada “operación limpieza” por la que policías y paramilitares organizados desde el gobierno desarticularon las barricadas y tranques que habían levantado los ciudadanos a modo de protesta.
Esos operativos han dejado decenas de muertos, además de personas heridas, detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas, en unas acciones que el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, definió como “una verdadera carnicería”. “La situación es realmente extrema”, le dijo recientemente Vivanco a Univision Noticias al señalar que nunca, en sus 30 años trabajando en la defensa de los derechos humanos en la región, había visto algo así.
“Nunca hemos presenciado unas acciones conjuntas de policías con delincuentes, hampones fuertemente armados que vayan en operaciones a lo largo del país, villa por villa, comunidad por comunidad, que sitien, controlen todo el perímetro de acceso y empiecen a disparar a matar a los civiles o arrancan de sus casas y secuestran a civiles que son sindicados como líderes de la oposición a plena luz del día y que luego celebran en las calles como si se tratara de triunfos contra un enemigo en guerra”, afirmó. “Realmente es descarado, es brutal, es despiadada la represión que Ortega ha desarrollado durante los últimos tres meses”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó que, con la intensificación de los “operativos de limpieza”, tanto el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) como el personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que está sobre el terreno han constatado “el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la policía nacional y los grupos parapoliciales encapuchados” para participar en “actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población” y para levantar los tranques.
En medio de la crisis que vive el país es difícil contabilizar el número de afectados, pero estos datos ayudan a entenderlo:
Al menos 600 presos políticos
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cifró el número de presos políticos en 600 esta semana. Si bien, según la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, esa cifra es muy difícil de determinar con exactitud.
Según explica, a muchos de los detenidos les “están imputando delitos masivamente”, perdiéndose el sentido de “juridicidad” porque “los culpan por delitos globales” como terrorismo y en ninguna de las acusaciones aparecen las víctimas individualizadas.
A finales de la semana pasada, solamente en El Chipote, un presidio que conocido por la represión a los reos, había unos 96 detenidos por manifestarse contra el gobierno, incluyendo dos adolescentes de 14 años de Masaya que fueron liberados el sábado tras estar detenidos durante cuatro días.
