Ocho estados y el distrito de Columbia presentaron este lunes una demanda conjunta para dejar sin efecto una decisión de la administración de Donald Trump que permite fabricar armas de plástico al diseñarlas con impresoras 3D, incluyendo rifles AR-15. Los críticos aseguran que de esta forma la producción de armas caseras será casi imposible de controlar.
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La petición llega pocas horas antes de que entre en vigor la posibilidad de descargar las instrucciones para construir en arma en la casa gracias a la impresión 3D.
La medida fue liderada por el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, y secundada por los de Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Oregon y el fiscal de Columbia. La queja fue presentada ante un tribunal federal en Seattle.
Con ella, buscan una orden de restricción temporal en todo el país al argumentar que la decisión del gobierno viola los derechos de los estados a regular las armas de fuego.
“Esta decisión es inconstitucional. Es ilegal. Francamente es aterradora”, dijo Ferguson al poner sobre la mesa que personas de cualquier edad y con o sin antecedentes criminales podrían producir un arma.
“Esta medida sin precedentes no solo es desastrosa para la seguridad pública, sino que socava nuestras leyes estatales destinadas a mantener las armas de fuego lejos de personas peligrosas”, agregó.
Luego de una larga batalla legal, el gobierno llegó a un acuerdo el mes pasado con Cody Wilson, un militante defensor del derecho a las armas de Texas.
Wilson argumentó con éxito que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a la posesión de armas de fuego, debería extenderse al derecho de las personas a fabricar armas en el hogar y sin control por parte de las autoridades, lo que hace que no tengan número de serie.
Eso implica que cualquiera que tenga una impresora 3D podría comenzar a fabricar armas plásticas en su casa, apenas por unos pocos cientos de dólares.
La demanda presentada este lunes pide al juez de Seattle que bloquee el acuerdo de junio entre el gobierno federal y la empresa Defense Distributed: con él se le permitió a la compañía hacer que los planos para diseñar armas estén disponibles en línea. Las autoridades aseguraron que unas 1,000 personas ya han descargado las plantillas que les permitirían armar en casa rifles como el AR-15.
Los expertos en seguridad temen que estas armas puedan evadir los detectores de metales usados en edificios públicos y aeropuertos.
Pero los entusiastas de las armas dicen que sin algunas partes metálicas, no serán confiables, e incluso podrían explotar en la cara de un usuario.
Los legisladores demócratas han criticado el acuerdo y demandado una explicación al gobierno, que ha apoyado los derechos de los propietarios de armas.
De forma separada, otros 21 fiscales generales –de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el estado de Washington– enviaron una carta a los departamentos de Estado y de Justicia pidiendo que de inmediato se eliminen las reglas que permiten la manufactura de armas con impresoras 3D. Argumentan que al permitirlas contribuirán a que los “estadounidenses estén menos seguros por amenazas tanto internas como internacionales”.
