Por Raúl Mejía Santos
Las últimas expresiones de la Juez Laura Taylor Swain, a cargo del caso de reestructuración de la gigantesca deuda pública que ha acumulado Puerto Rico, revierte sobre su condición colonial y la dinámica actual que vive la isla bajo la tutela de la bandera norteamericana. Fue en 1898 cuando inició la ocupación militar del país anglosajón al glorioso pueblo de Hostos, Betances y Albizu, puertorriqueños que han trascendido la historia contemporánea de América.
Puerto Rico pasó como botín a los Estados Unidos al librarse la Guerra Iberoamericana contra España. Sin intervención alguna del pueblo puertorriqueño, ni los habitantes de las demás posesiones españolas al momento, se acordó el tercer Tratado de París.
Fueron despojados de Guam, Las Filipinas, Cuba y Puerto Rico, culminando el alcance colonial de España en diversos puntos geográficos del planeta. Con excepción de Guam y la Isla del Encanto, las demás posesiones territoriales hoy cuentan con plena facultad soberana, perteneciendo al resto de naciones libres e independientes.
A pesar del transcurso de un siglo, las condiciones políticas de la isla siguen igual. Estados Unidos mantiene su control colonial sobre la población y las instituciones que forman parte del esquema gubernamental criollo. La propia Constitución de Puerto Rico, refrendada por el congreso estadounidense amparando la falsa ilusión de otorgar poderes políticos y soberanos a los puertorriqueños en 1952, incorpora la supremacía de las facultades casi absolutas del gobierno federal en Washington D.C. sobre la isla.
Un análisis meticuloso de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Pueblo de Puerto Rico Vs. Sanchez Valle, 579 U.S. 2016, fallo judicial emitido el mes de junio de 2016, revela al mundo lo que siempre se supo: los poderes políticos de Puerto Rico se limitan a los concedidos por el gobierno de los Estados Unidos, única y exclusivamente.
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La isla no es soberana. No existe tal condición de estado, mucho menos libre y peor aún asociada. Los viejos argumentos de Estados Unidos en foros internacionales durante la Guerra Fría, en el sentido de que el problema colonial puertorriqueño había cesado cuando se configuró el ELA, fue un montaje hollywoodense para manipular la opinión pública internacional y mantener el dominio sobre la isla.
Puerto Rico sigue siendo un pueblo latino colonizado por una potencia mundial. Su ubicación estratégica al filo del Mar Caribe sirvió de eslabón militar, garantizando acceso a valiosas rutas trasatlánticas que conectan la costa este norteamericana con Europa, África, Centro y Sur América. La apertura del Canal de Panamá en 1914 dio paso a la hegemonía mundial de la gran nación del norte, pero fue el Tratado de París el pasaporte hacia esa indiscutible realidad.
La actual deuda pública de Puerto Rico es inmanejable, asciende a más de 70 mil millones de dólares adeudados a un centenar de acreedores usureros y grupos de inversionistas locales. Los mecanismos de bancarrota no están disponibles para los territorios, así que los recaudos del gobierno local son comprometidos al pago de las utilidades y monto de la deuda acumulada por la clase política de la isla.
Para ello el Congreso de los Estados Unidos impuso una “Junta de Supervisión Fiscal”, compuesta por distintas personalidades del mundo de las finanzas, cuyo único desempeño consiste en garantizar la realineación presupuestaria del gobierno de Puerto Rico para asegurar el pago a los acreedores, aunque eso implique una disminución del gasto público en programas de asistencia ciudadana e infraestructura.
Ejemplo es el incremento escalonado del crédito universitario en la Universidad de Puerto Rico, la falta de inversión vial, el cierre de escuelas públicas, la crónica escasez policiaca, el manejo deficiente de los servicios mortuorios y la dramática reducción de pensiones otorgadas a empleados públicos jubilados. Estos casos son sinónimo del deterioro socioeconómico que atraviesa la isla.
Es tiempo de reevaluar la antiquísima relación colonial de los hermanos puertorriqueños con la gran nación del norte. Las actuales condiciones lo exigen.
