Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- La Comisión Federal de Elecciones (FEC), una entidad normativa independiente encargada de administrar y aplicar la ley federal sobre campañas en los Estados Unidos, prohíbe a todo ciudadano extranjero, voluntaria y deliberadamente, apoyar candidato alguno a cargo electivo y de hacerlo estaría sujeto a un enjuiciamiento penal.
El organismo establece claramente en su portal https://www.fec.gov/updates/foreign-nationals/ a todo extranjeros sobre decisiones relacionadas con los que aspiran a una posición electiva en territorio estadounidense.
Las regulaciones de la Comisión prohíbe a los extranjeros dirigir, dictar, controlar, participar directa o indirectamente en el proceso de toma de decisiones de cualquier persona (como una corporación, organización laboral, comité político u organización política) con respecto a cualquier actividad relacionada con las elecciones.
Se consideran “ciudadanos extranjeros” y están sujetos a prohibición: gobiernos, partidos políticos y corporaciones extranjeras y cualquier otro extranjero, tal como se define en 22 U.S.C. § 611 (b).
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Asimismo se incluye la realización de contribuciones, donaciones, gastos o desembolsos en relación con cualquier elección federal o no federal en los EE.UU.
Los extranjeros podrán participar legalmente en actividades políticas si los candidatos no están relacionados con ninguna elección a cargos políticos a nivel federal, estatal o local.
Solo pueden donar y participar en actividades políticas aquellos que poseen la doble ciudadanía o tengan residencia permanente, porque no se consideran ciudadanos extranjeros.
Asimismo “Bajo el Código de Rentas Internas” (IRS) todas las organizaciones 501 (c) (3), sin fines de lucro, están también prohibidas de participar a favor o en contra, directa o indirectamente de cualquier candidato a un cargo público electivo.
Las contribuciones o declaraciones públicas fijando posición (verbales o escritas) hechas en nombre de la organización a favor o en contra violan la prohibición, lo que podría tener consecuencias graves, como la negación o revocación del estatus de exención de impuestos y la imposición de ciertos gravámenes especiales.
