El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha convocado este domingo a una nueva legislatura extraordinaria para superar el bloqueo del Congreso —de mayoría fujimorista— a cuatro proyectos de ley para la reforma del sistema de justicia, que atraviesa una grave crisis de corrupción e inestabilidad, y la reforma política.
El jefe del Estado peruano ha planteado al Legislativo una “cuestión de confianza” para las cuatro iniciativas de ley. Es decir, somete su gabinete de ministros a que el Parlamento lo ratifique o lo censure. Según la Constitución, el presidente está facultado a cerrar o disolver el Congreso si niega la confianza a dos consejos de ministros.
Perú es un país marcado, en los últimos tiempos, por la inestabilidad política. En septiembre del año pasado, la oposición fujimorista censuró al Gabinete de Fernando Zavala, el primer ministro del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo en marzo de este año y fue reemplazado por el entonces primer vicepresidente Vizcarra.
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Desde que estalló la crisis de corrupción del sistema de justicia, se han producido decenas de manifestaciones ciudadanas en las principales ciudades para exigir la salida de los jueces y fiscales que forman parte de la trama de corrupción.
La última, este mismo jueves, pedía la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Pero no solo: también exigía el cierre del Congreso, que no termina de aprobar el dictamen de ninguno de los cuatro proyectos de ley enviados por el Ejecutivo hace 40 días. Sin esa aprobación ni siquiera pueden ser discutidos por el pleno. Las modificaciones en la Constitución deben ser primero aprobadas por el Parlamento para luego ser sometidas al referéndum que ya anunció Vizcarra el pasado 28 de julio.
El proyecto de ley de mayor urgencia es el que dispone cambiar la forma de elección de los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros fueron suspendidos el 20 de julio por el Congreso durante una legislatura extraordinaria convocada por Vizcarra. El mandatario ha convocado para una nueva legislatura extraordinaria para el miércoles 19.
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Entre otros miembros de la red se encuentran un empresario ligado al fujimorismo, Antonio Camayo y el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del segundo gobierno de Alberto Fujimori, José Cavassa. También operadores de justicia, como el ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos.
Una publicación de periodismo de investigación difundió en junio una serie de escuchas telefónicas realizadas por la policía a petición de una fiscal provincial que investigaba a una banda de narcotraficantes en el puerto del Callao. Entre los protagonistas, estaban —además de jueces y fiscales—, varios miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
Según el informe de la fiscal provincial Sandra Castro, la organización criminal investigada —conocida como Cuellos blancos del puerto— estaba encabezada por el juez supremo César Hinostroza, amigo del fiscal Chávarry, que también forma parte de la red. Hasta el viernes, 29 de las 34 juntas de fiscales superiores del país habían solicitado al fiscal general que se aparte del cargo para que el Ministerio Público no siga mellado en su credibilidad e independencia.
El proyecto de ley del Ejecutivo peruano propone que los integrantes del CNM sean elegidos mediante un concurso público de méritos. Un sondeo de la encuestadora Ipsos difundida este domingo señala que un 68% de los peruanos está de acuerdo con esa opción.
Batalla contra la oposición
Vizcarra ha dado el paso radical hacia la cuestión de confianza en el Congreso después de que el partido fujimorista Fuerza Popular haya hecho todo lo posible por dilatar e impedir los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo. El viernes, cuando la Comisión de Justicia del Parlamento debatía el dictamen del proyecto del CNM, nueve fujimoristas votaron por la abstención e impidieron la aprobación del dictamen.
“Exhorto, a los congresistas a sumarse a esta lucha frontal contra la corrupción y a adoptar las medidas que la Constitución les permite, aceptando la cuestión de confianza planteada y aprobando las cuatro reformas”, dijo el presidente este domingo. Dirigiéndose a los peruanos, Vizcarra aseguró que no es ajeno a su indignación y la comparte: “Recojo el clamor popular, basta de comprar y vender derechos y dejar impune los delitos de los que trasgreden nuestro sistema legal y enferman a nuestra sociedad”.
Fuente elpais.com
