Por Johnny Sanchez
Odebrecht revolucionó la mafia, en R.D.
La lección que dejó, fue motivarnos a lanzar una ejemplarizadora ley que facilite la incautación de bienes, a acusados de corrupción y la recuperación del dinero envuelto en este tipo de casos.
Con nueva ley que ofrezca recompensas y protección a delatores que brinden información “cierta y comprobable” sobre el destino del dinero producto de la corrupción.
Pero ¿qué pasará?
En el país, generalmente, “se legisla sobre la base de la coyuntura” existente en ese momento.
Y como es un país donde la corrupción es una enfermedad endémica que, por la cantidad de casos descubiertos, eso se postergará.
Muchos me dicen que “El apresuramiento en encarcelar (a alguien salpicado por hechos de corrupción) satisface el odio político (coyuntural), pero sacrifica el profesionalismo” que deben tener los jueces y fiscales
Proponemos: Los bienes de la corrupción confiscados actualmente por la Justicia deben ser mantenidos por el Estado, pues la falta de sanción de la ley de extinción de dominio impide su venta, con los gastos que ello implica. Pero todavía más grave es que muchos de quienes han cometido esos groseros delitos sigan impunes.
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Buena parte de esta demora en avanzar con la ley ha tenido directa relación con el interés de esa facción política por auto protegerse ante nuevas investigaciones que puedan tenerla como protagonista de más y más escandalosos hechos de corrupción.
A ello debe agregarse la impunidad con la que se han movido hasta el momento los autores de esos delitos, y no solo durante los gobiernos Danilistas.
Una reciente auditoría del Consejo de la Magistratura arrojó como resultado que en los últimos 20 años solo el 8% de las causas por corrupción llegaron a juicio.
Esto se relaciona con fenómenos propios de nuestro tiempo: las sociedades cuyos titulares son imposibles de identificar, la fuga de dinero al exterior o la utilización de prestanombres (testaferros).
Se persigue la cosa y no la persona que deberá rendir cuentas y en tal caso será sancionada por la vía, en el lugar y el tiempo que correspondan.
Pero el Estado podrá accionar sin esperar esa consecuencia, para poder incorporar aquellos bienes sobre los que existe una presunción suficiente y fundada sobre la ilicitud que les dio origen o de la que participaron: Macuteo, las coimas, el yate que compró el funcionario coimeado, o el avión en el que trasladaban el dinero.
Muchos mejores destinos deberíamos dar a esa gran montaña de plata que sigue estando en cabeza de quienes se aprovecharon de sus lugares de poder para apropiarse de lo ajeno, para privar a los más pobres de las viviendas sociales, a los que viajan en el transporte público de un mejor servicio, a los maestros de un salario que los jerarquice.
El recupero de activos es una forma de reparar el daño a la sociedad que es, en definitiva, la víctima reconocida de los delitos que cometen los corruptos. No andan bien las cosas: Tenemos a los más altos funcionarios con cuentas off shore y a beneficiarios de planes sociales “financiando” sus campañas políticas como falsos aportantes.
La R.D. necesita empezar a dar la vuelta de la degradación moral para recuperar confianza.
