El número dos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rod Rosenstein, el responsable de supervisar la investigación de la trama a rusa a cargo del fiscal especial Robert Mueller, camina por el alambre. Más que nunca y con todo lo que eso implica. Este lunes, durante unas horas, Washington se sumió en uno de sus peculiares dramas: el fiscal general adjunto se dirigía hacia la Casa Blanca para reunirse con John Kelly, jefe de gabinete, y recibir algo similar a la carta de despido, lo que incendió los medios y las redes sociales porque habría una crisis de calado: supondría el cese por parte del Gobierno del responsable de un proceso que trata de esclarecer si hubo connivencia entre el entorno de Donald Trump y el Kremlin en la injerencia electoral de 2016, unas pesquisas que el presidente tacha de “caza de brujas”.
Durante el fin de semana habían surgido informaciones según las cuales Rosenstein habría propuesto en 2017, en diferentes conversaciones con miembros del Departamento de Justicia y del FBI, grabar a Trump para mostrar su incapacidad como presidente y destituir invocando la enmienda 25 de la Constitución. El vicefiscal había negado este extremo desde el primer momento, avanzado en primer lugar por The New York Times el viernes, que citaba diferentes fuentes anónimas. Pero en el actual clima político de Washington muchos desmentidos caen en saco roto.
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La imagen de Rosenstein y otros funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI conspirando sobre Trump encaja con el panorama descrito a primeros de mes por un alto cargo en el ya famoso artículo anónimo en el Times, en el que hablaba de una suerte de cuerpo de “resistencia” interna que trabajaba secretamente en la Administración para boicotear las ideas más peligrosas del mandatario republicano. Aquel texto recogía también que la idea de expulsar del cargo a Trump por la vía constitucional se había llegado a poner sobre la mesa. Y llovía sobre mojado: acababan de trascender algunos fragmentos del último libro del periodista Bob Woodward, Fear, apuntando también a una suerte de “golpe de Estado administrativo”.
Con este caldo de cultivo, a primera hora del lunes, Axios, un portal de información política, publicó que el vicefiscal había presentado su dimisión “verbalmente”. La mayor parte de medios relataron luego que se encaminaba hacia la Casa Blanca preparado para la destitución. Pero al final de la mañana, la portavoz, Sarah Sanders, apagó el fuego en un breve comunicado en el que señalaba que “a petición de Rod Rosenstein, él y el presidente Trump tuvieron una extensa conversación para discutir las recientes informaciones” y que ambos se reunirían de nuevo el jueves, cuando el mandatario regresará de Nueva York, donde se encuentra con motivo de la Asamblea de Naciones Unidas. La tormenta amainará durante unas horas.
Pero la trifulca Trump-Rosenstein no ha arrancado hace dos días a raíz de ningún artículo. Hay que remontarse a más de un año atrás, cuando el vicefiscal general decide poner la investigación de la trama rusa en manos de un reputado jurista: Robert S. Mueller, algo que saca de quicio al presidente y que ha dado lugar a más de un año de pesquisas sin, hasta ahora, visos de finalizar en breve. El caso consiste en una serie de ciberataques y campaña de propaganda que EE UU atribuye a Moscú con el fin de favorecer la victoria de Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016, y la duda de si el círculo del hoy presidente participaba de algún modo en esta estratagema. Rosenstein se había convertido en el máximo responsable de esta investigación en marzo, cuando su superior, el fiscal general, Jeff Sessions, se tuvo que inhibir del proceso por haber mentido en el Senado sobre unas reuniones con el embajador ruso en Washington. Las pesquisas seguían por entonces con el director del FBI, James Comey, como punta de lanza y con Trump cada vez más disgustado.
El asunto dio un giro de ochenta grados en mayo de 2017. A primeros de ese mes, en una de esas decisiones incendiarias, el presidente despidió a Comey. Precisamente, justificó la medida con un informe de Rosenstein, en el que el número dos de Justicia cuestionaba cómo el director de los federales había llevado y cerrado el caso de los correos de Clinton. La medida no podía despertar más suspicacias sobre la independencia del FBI: aunque argumentaba otros motivos, la imagen mostraba a un presidente de EE UU liquidando al jefe que lo investigaba.