Por Guillermo Caram
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La deuda del Estado Dominicano llegaría el próximo año al 66.5% de la economía, prácticamente dos terceras partes del PBI.
A esta conclusión se puede llegar luego de examinar las informaciones disponibles y el presupuesto 2019 sometido por el gobierno tal y como demostramos en el siguiente desglose:
49.5% es la deuda pública consolidada, ajustándola a Dic 2018, que aparece en el portal electrónico del Banco Central que fue de49.3% a junio
13.6% constituyen los valores de circulación emitidos por el Banco Central a los agentes económicos calculados con el monto emitido a la fecha (532 mil millones de RD$), dolarizados a la tasa de cambio que aparece en dicho portal (50 RD$/US) y dividiéndolo por el PBI estimado a la fecha
3.4% calculados al dividir por el PBI proyectado a 2019, la suma de los US$ 1,500 millones de incremento programado de la deuda en el presupuesto 2019 más los US$ 1300 correspondientes al incremento de las cuentas por pagar.
Este enorme crecimiento de la deuda constituye una seria amenaza a la estabilidad y el crecimiento de la economía.
Y es consecuencia del mal manejo de las finanzas públicas que se viene arrastrando desde el 2002, notoriamente agravado durante las administraciones del Presidente Medina.
En efecto, durante las administraciones del Presidente Medina, la deuda pública consolidada ha crecido un 38% más rápidamente que el PBI. La deuda pasó de US$27.4 mil millones de junio de 2013 a US$ 38.5 mil millones al presente, para un incremento del 40%; mientras el PBI pasó de US$ 60.7 mil millones en 2013 a US$ 78.3 mil millones para un incremente del 29%.
Comparando ambos porcentajes se concluye que la deuda está creciendo un 38% más rápido que el PBI.
Nótese que no incluimos proyección futura de los valores en circulación que constituyen deuda del Banco Central con los agentes económicos que han venido creciendo astronómicamente debido, entre otras razones, al incumplimiento del gobierno de asumir plenamente sus responsabilidades por el mal manejo de la crisis bancaria 2002 y de su instrumento de mitigación: la ley de re-capitalización.
