Se trata de un nuevo golpe a la Administración, que ha intentado acabar con este beneficio que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó este jueves que el gobierno de Donald Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.
El fallo le propina un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Barack Obama activó en el 2014.
Un panel de tres jueces decidió mantener en vigor un fallo emitido por una corte federal de California el pasado 9 de enero, que ordenó al gobierno restituir el programa en los mismos términos en que se encontraba el 5 de septiembre de 2017, cuando fue cancelado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.
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En el dictamen, el panel concluyó que la decisión del gobierno era “arbitraria, caprichosa y no estaba apegada a la ley”.
El fallo de este jueves ocurre tres días después que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revisara el programa sin tomar en cuenta las acciones legales que estén en manos de tribunales inferiores y un día después del despido de Sessions, uno de los principales opositores del programa.
La decisión de este jueves solo implica que el programa se mantiene en vigencia, mas no que pueden ser admitidas nuevas aplicaciones.
La pelea judicial
Luego de que Sessions cancelara el programa en 2017, el gobierno de Trump le dio 30 días a los dreamers para que renovaran por última vez sus amparos. El presidente pidió además al Congreso que debatiera una legislación para dar una solución permanente a estos jóvenes en un plazo de seis meses. Ese tiempo pasó, pero los demócratas, los republicanos y la Casa Blanca no se pusieron de acuerdo.
La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno si no eliminaba el programa.
Pero cuatro meses después de la cancelación, el 9 de enero, una corte de California declaró ilegal la decisión de cancelarlo y ordenó que se restituyera, algo que fue ratificado por una segunda corte en Nueva York. Entonces fue puesto nuevamente en vigencia en los mismos términos en que se encontraba antes de la cancelación del fiscal general.
Pero el 24 de abril, una tercera corte federal, esta vez en Columbia, restituyó por completo la Acción Diferida y le dio 90 días al gobierno para que presentara evidencias adicionales que respaldaran su argumento para eliminar DACA. Advirtieron entonces que de no ampliar sus explicaciones, serían aceptadas nuevas aplicaciones.
El 17 de agosto, la misma corte eximió al gobierno de aceptar nuevas solicitudes después de que los demandantes —encabezados por la dreamer mexicana María Perales y Microsoft— decidieron no oponerse a la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de no aceptar a nuevos inscritos.
El último fallo que se conoció sobre DACA ocurrió en Texas, en respuesta a una demanda entablada por el fiscal general del estado, Ken Paxton. El 30 de agosto el juez John Bates rechazó la petición para cancelar el programa y mantuvo vigente los fallos favorables a DACA. Permitió así que continuaran los procesos jurídicos entablados en otros tribunales.
Bates reconoció en su sentencia que los argumentos de Texas eran buenos, pero consideró que los estados se tomaron demasiado tiempo en presentar una demanda, por lo que decidió no bloquear el programa. Además, sugirió que sea la Corte Suprema la que determine en última instancia la legalidad de DACA y su constitucionalidad.
