Por Lic. Julio Eduardo Diaz
Una noche sabatina fría de diciembre de 2015 me dirigí al cine como mi esposa a ver la película “The Big Short” protagonizada por Christian Bale, Steve Carell y Brad Pitt entre otros. Este filme fue basado en el libro del mismo nombre escrito por Michael Lewis donde narra la crisis financiera ocurrida entre 2007 y 2008, fruto de la crisis hipotecaria generada por las hipotecas de alto riesgo. Mientras mi esposa y yo veíamos la película le iba explicando con lujo de detalles la jerga financiera utilizada en esta obra cinematográfica y le dije a mi cónyuge que el próximo detonante de una crisis financiera en los Estados Unidos sería la alta deuda de los préstamos estudiantiles, que ya sobrepasa los 1.5 trillones de dólares.
La crisis financiera trajo consigo dos realidades inherentes. Las bajas tasas de interés que inundaron a los mercados financieros con una fuerte liquidez y un paquete de estímulo de 787 mil millones de dólares para estimular la demanda agregada, en el coroto plazo no sirvió para generar empleos de calidad, y personas con habilidades básicas en muchos casos con títulos de secundarias o técnicos e incluso con licenciaturas universitarias, los empleos de buena paga para este segmento de la población había desaparecido del radar.
Lo acontecido con esta contracción económica ayudó a acelerar muchos cambios estructurales que estaban siendo dejados de lado en la economía real y en el mercado laboral que la globalización y la innovación tecnológica como la automatización, la máquina de aprendizaje o machine learning y la inteligencia artificial estaban imponiendo esa nueva realidad.
La respuesta de la administración del presidente Barack Obama fue de incentivar a los jóvenes estadounidenses a tomar préstamos estudiantiles para que volvieran a las universidades a reeducarse en carreras universitarias y en muchos casos ir a realizar postgrados. Esto trajo como consecuencia que millones de personas salieran del mercado laboral por ende la participación laboral se redujo y el desempleo empezó a descender fruto de este fenómeno, y por otra parte la fuerza laboral se tornaba mucho más competitiva, ya que los trabajadores estaban obteniendo mejores credenciales académicas. Sin embargo, esta estrategia no ha funcionado como se esperaba.
Incentivar a toda la población a adquirir una educación universitaria, requiere que esas personas pasen por un riguroso programa de preparación preuniversitaria a través de las escuelas secundarias, pero debido a esta presión las escuelas no han hecho énfasis en asegurarse que la calidad de la educación sea la adecuada para poder asistir a las universidades. De acuerdo con una investigación realizada por el New York Times reveló que menos del 40% de los graduandos de la escuela secundaria poseen las habilidades requeridas en lectura y matemáticas para poder realizar trabajos de nivel universitario.
Los gobiernos estatales han dejado de invertir lo suficiente para mejorar la educación preuniversitaria debido a las fuertes presiones del aumento en los costos en otros programas sociales como Medicaid, esto sin agregar que las recaudaciones tributarias se han visto estancadas y en algunos casos han disminuido. Esto ha provocado que los estados aumenten los costos de la matrícula en las universidades públicas, esto a su vez ha incentivado a las universidades privadas a realizar lo mismo, y como consecuencia los estudiantes tienen que adquirir mayores cantidades de préstamos estudiantiles para poder obtener una educación universitaria. Por otra parte, esas universidades por enfrentar serios problemas presupuestarios en la mayoría de los casos han hecho de los estándares de admisibilidad algo más laxo, lo que ha provocado una disminución sustancial en la calidad de la educación.
Cerca del 70% de los graduandos de escuela secundaria se encuentran cursando carreras técnicas de dos años o carreras universitarias de cuatro años, pero muchos estos estudiantes no están recibiendo la educación de calidad que demanda el mercado laboral en estos momentos. Pruebas estandarizadas realizadas por distintas instituciones como Kaplan indican que cerca del 40% de los profesionales recién graduados de las universidades carecen de las habilidades de pensamiento crítico necesarias para iniciar en un primer trabajo profesional. Por tal razón, cerca del 40% de los jóvenes recién graduados de las universidades permanecen estancados en trabajos que no requieren una educación universitaria, y como consecuencia cerca de 3.6 millones de profesionales recién graduados viven por debajo de la línea de pobreza en la actualidad.
El presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto que se incentiven las escuelas vocacionales que les paguen a los estudiantes por los trabajos realizados, y esto dejaría a los estudiantes sin deuda estudiantiles de cara al futuro, y después de dos años de estudio podrían encontrar oportunidades laborales que en la mayoría de los casos devengarían salarios por encima de los 50 mil dólares anuales.
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A nuestro entender el Gobierno federal debe intervenir para limpiar este atolladero provocado por ellos mismos que ha traído como consecuencia uno de los problemas estructurales más graves que podría enfrentar la economía estadounidense de cara al futuro con la generación más educada y más pobre de la historia con la manos atadas por esta enorme deuda estudiantil que limita la obtención su libertad financiera y del anhelado sueño americano. Así como los presidentes Bush y Barack Obama fueron al rescate de los grandes bancos que provocaron la crisis financiera y de General Motors. De igual manera, el presidente Trump debe ir al rescate de esta generación que subyace en la estrechez económica por culpa del Gobierno federal que los incentivó a caer en esa trampa.
Esta iniciativa podría ser financiada parcialmente si el Gobierno federal va tras los recursos de las universidades con fines de lucro y de las universidades convencionales que admitieron estudiantes no calificados y que poseen una oferta académica desfasada, a través de la implementación de impuestos para las altas casas de estudios que han incurrido en esa práctica.
En otro tenor, se podrían realizar algunas subastas de quiebras por las propiedades de las universidades de segunda clase y también llevar a cabo juicios de responsabilidad civil en contra de las dotaciones de universidades veneradas o de renombre, estas a su vez tendrían las mismas consecuencias reformativas que se les exige a través de demandas a las compañías que incurren en prácticas negligentes cuando venden productos de mala calidad.
De igual manera, en el futuro se podría fomentar un comportamiento más responsable por parte de todas las universidades y colegios comunitarios que participan directamente en la financiación de la deuda estudiantil. Debido a que en la coyuntura actual es el Gobierno federal quien garantiza un monto considerable de dicha deuda estudiantil pendiente, y por ende es el mayor perdedor potencial en este caso.
En particular, se les podría exigir a las universidades y a los bancos que contribuyan con al menos la mitad del capital detrás de los préstamos estudiantiles. Se les podría permitir a las universidades y colegios comunitarios emitir bonos libres de impuestos, similares a los bonos de ingresos industriales que emiten los gobiernos estatales y locales, respaldados por dotaciones y propiedades.
Con su capital financiero en la línea de fuego, las universidades y los colegios universitarios harán todo lo humanamente posible para aumentar los estándares de admisión, y como respaldarían la financiación de los préstamos estudiantiles, se incentivara a las oficinas de ayuda financiera para que examinen la selección y el contenido de las carreras para poder asegurar la comercialización en el mercado laboral de los estudiantes que salen de sus aulas.
Sin duda alguna, el Gobierno federal debe actuar ya, debido a que de estallar burbuja traería consecuencias aún más nefastas que la crisis hipotecaria del 2007-08 debido a que esta generación es la que sostendrá la economía estadounidense en las próximas cuatro décadas y se encuentra en una situación de mayor precariedad económica que la generación anterior.
