El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU), sobre la Independencia de Jueces y Abogados, con sede en Ginebra, Suiza, fue apoderado de manera formal de una denuncia por parte del expresidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez (CHU), en la que explica todas las violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido objeto por parte del Ministerio Público de la República Dominicana, ante su inclusión desatinada en el
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caso Odebrecht.
En su denuncia, el también exsecretario general del PRM explica “la arbitrariedad y los abusos cometidos” por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, al formular y tramitar una acusación en su contra sin ninguna prueba, por alegados actos de corrupción, sin haberle notificado de la investigación penal en tiempo oportuno para el ejercicio de
su debida defensa, y sin que pudiera conocer las pruebas de cargo de que dispone contra él.
Asegura en su denuncia ante la entidad internacional, que “tantoél, como otros sectores de la vida nacional, incluyendo legisladores del oficialismo se mostraron sorprendido cuando su nombre fue incluido en el caso, porque es de público conocimiento que el procurador Jean Alain Rodríguez había
revelado ante el país que en el caso Odebrecht, mucho antes de su inclusión ‘estaban todos los que son, y son todos los que están’’.
Entre las múltiples irregularidades que incluye Vásquez en su denuncia ante esta instancia internacional, destacan las violaciones a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es evidente, según Vásquez, que el gobierno dominicano ejerce presión sobre el sistema judicial, tal como lo demostró la sorpresiva convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, justamente después de la entrega del voluminoso escrito de defensa que hicieran sus abogados luego de que se enterara de manera tardía de la abusiva acusación que pesa en su contra.
La denuncia ante la ONU también hace especial énfasis en el control que tiene el gobierno en el sistema judicial, derivado, tanto de la facultad de libre designación del Procurador General de la República, como la aplastante mayoría en el órgano que designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, lo que revela que la independencia judicial en República Dominicana es una ficción.
Manifestó Chú Vásquez, que con esta denuncia, aspira que “el Relator Especial de la ONU, establezca de manera urgente un diálogo con el Estado dominicano, para llamarle a acabar con esta actitud de represalia y arbitrariedad contra su persona, así como que la legislación y prácticas procesales se adapten a las obligaciones internacionales en materia de investigación penal que le incumben, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, además de la solicitud formal de sanción al Procurador General de la República por la transgresión de sus
facultades y que se tomen serias medidas para alcanzar una real
