SANTO DOMINGO.- La República Dominicana registró 3,065 muertes neonatales desde el comienzo del año, frente a los 2,763 fallecimientos registrados en el mismo período de 2017, lo que supone un incremento del 10.8 % en el número de muertes infantiles.
Así se desprende del Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 45, publicada por el Ministerio de Salud Pública, que indica que el 74% del total de estos decesos, es decir, 2.259, se produjeron durante los primeros 27 días de vida del bebé.
El documento indica que en las últimas cuatro semanas analizadas (41-45) se produjeron 277 muertes infantiles y, de estas, 53 se notificaron durante la última semana.
En lo que a las muertes maternas respecta, se aprecia una leve reducción entre los datos correspondientes al período de 2017 y de 2018, al pasar de los 174 casos del año pasado, a los 165 registrados desde principio de año hasta la fecha.
En la semana 45 se notificaron cinco muertes maternas en mujeres de entre 16 y 40 años, con una edad promedio de 29.6 años, mientras que el dato para las últimas cuatro semanas es de 24 casos.
Para la activista Sergia Galván, estas cifras son “preocupantes e inaceptables”, entre otras cosas porque son “evitables”, y reflejan un nivel de “desigualdad, pobreza y mala calidad de los servicios de salud que se contrapone con el nivel de crecimiento económico del país”, afirmó en declaraciones a Efe.
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La salud pública dominicana está “en etapa de colapso“, con un nivel precario de atención producto de una baja inversión que, en su opinión, debería llegar al cinco por ciento del producto interno bruto (PIB).
Otros factores que influyen en estos índices de muerte neonatal y materna es que el sistema “está muy enfocado al tratamiento de las enfermedades y no a la prevención”, y no tiene en cuenta los determinantes sociales de la salud, como son los “factores ambientales, el hacinamiento, la desnutrición y la pobreza”, dijo.
Estas tasas también son reflejo de “la desatención a la salud sexual y reproductiva, a la falta de cumplimiento de protocolos y a la inexistencia de un régimen de consecuencias y sanciones” frente a los casos de mortalidad que, en muchos casos, están vinculados a los embarazos adolescentes o de madres en situación de vulnerabilidad.
Tanto las muertes infantiles como las maternas “responden a una situación estructural” que lleva a Galván a considerar que el Estado debería declarar la emergencia en el sector salud debido a la precariedad de la atención sanitaria.
Diversos colectivos consideran que la despenalización del aborto cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando es producto de violación o incesto y cuando el embarazo es inviable, favorecería la reducción de estas cifras.
