Jilmar Ramos-Gómez, un veterano de 27 años que prestó servicios en Afganistán como cabo y tripulante de un tanque de guerra, fue detenido por ICE con fines de deportación. Pero es estadounidense de nacimiento y tras el enérgico reclamo de su padre fue liberado.
Richard Kessler, abogado de inmigración en Grand Rapids, Michigan, dijo que se sorprendió lo llamaron para notificarle que su hijo estaba detenido en un centro de inmigración, aparentemente a la espera de una posible deportación. Su madre es guatemalteca y está en trámites para obtener la ciudadanía estadounidense.
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El joven, que sufre de estrés postraumático, nació en la ciudad de Michigan. “Todo el mundo sabe que Jilmar es un ciudadano estadounidense y un veterano de la Marina”, contó el abogado a The Washington Post, indicando que tiene el certificado de nacimiento del veterano y la información del Seguro Social.
“Inmediatamente llamé al ICE y les grité”, dijo. “Y me llamaron y me dijeron: ‘Ay, sí, venga a buscarlo’. No dijeron: ‘Es error nuestro’, pero lo insinuaron”, agregó.
Ramos-Gómez se alistó en la Infantería de Marina después de terminar la escuela secundaria, sirviendo entre 2011 y 2014. Ganó una Medalla del Servicio de Defensa Nacional, otra por Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo, otra por la Campaña de Afganistán y una cinta de acción de combate, según un comunicado de la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que ha exigido una investigación de este caso.
El veterano llegó del campo de batalla con trastornos mentales. “Tiene episodios en los que desaparece y cuando se le encuentra de nuevo, a menudo no recuerda dónde ha estado”, le contaron sus familiares a la ACLU.
El 21 de noviembre pasado fue arrestado por la policía en Grand Rapids y retenido en la Correccional del Condado de Kent por cargos de incendio provocado y destrucción maliciosa de propiedad. Según la policía, el hombre obtuvo acceso a un área segura en un hospital, prendió un incendio y activó una alarma. No quedó claro de inmediato si era un paciente.
Ramos-Gómez se declaró culpable de un delito menor de invasión de propiedad ajena por el incidente y un juez ordenó su liberación el 14 de diciembre en espera de su sentencia. Pero cuando su madre llegó para recogerlo, le dijeron que había sido transferido a un centro de detención de inmigrantes ese día en el condado de Calhoun.
Keesler reclama que el sheriff del condado de Kent debió haberlo puesto en libertad inmediatamente, como exigía la orden judicial. Ramos-Gómez estaba sujeto a una orden de retención del ICE, explicó la ACLU.
Permaneció en las instalaciones hasta el 17 de diciembre, cuando Kessler ayudó a conseguir su liberación. “Creo que es un estereotipo racial”, comentó Kessler. “Y debería haber sido evidente que tenía problemas de salud mental muy importantes”, añadió.
La oficina del alguacil del Condado de Kent dijo que no había encontrado ningún indicio de que se tratara de violaciones de la política por su parte. “No tenemos la autoridad para verificar la justificación de la investigación para detener a una persona”, se excusaron.
