La Asamblea Nacional venezolana lleva un mes y medio trabajando para sentar las bases legales del proceso de transición impulsado por Juan Guaidó. Desde el pasado 23 de enero, el Parlamento, controlado por las fuerzas opositoras, se ha reunido semanalmente para avalar sus decisiones, aprobar algunas leyes dirigidas a incrementar la presión contra Nicolás Maduro, hacer nombramientos y poner negro sobre blanco los lineamientos generales de la arquitectura normativa de esta etapa.
La actividad de la Cámara, presidida por el propio Guaidó, tiene efectos simbólicos. Está declarada en desacato por el chavismo, que legisla a través de una Asamblea Nacional Constituyente, de facto una extensión del Ejecutivo. No obstante, sus pasos son necesarios para legitimar el plan de la oposición. Esto es, la construcción de un aparato estatal alternativo al oficialista que cuenta con el respaldo de más de 50 países. Es, en la esencia, el resultado de sus sesiones.
Estatuto de la transición. El 5 de febrero la Asamblea Nacional aprobó un texto que regula los principios básicos del giro político promovido por Guaidó. Se trata de un reglamento de 18 páginas que consta de siete capítulos y 39 artículos. La exposición de motivos aclara que su diseño es “específico” y “flexible” a la vez. “Se propone atender con eficiencia los desafíos de la reconstrucción institucional al tiempo que permanece abierto a la dinámica del cambio político”.
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El estatuto —firmado por Guaidó y los cuatro vicepresidentes del Parlamento— apela a la Constitución adoptada en 1999, bajo el primer mandato del expresidente Hugo Chávez, e insiste en los dos artículos que, según su interpretación, avalan la transición. El 233, que contempla que en caso de “abandono del cargo” del mandatario, una circunstancia que los opositores atribuyen a una situación de usurpación del poder por parte de Maduro, le sustituye provisionalmente el presidente de la Cámara. Y el 333, que garantiza la vigencia de la Ley Fundamental aunque dejara de “observarse por acto de fuerza”. Con estas premisas, el estatuto otorga a la Asamblea Nacional la potestad de derogar las leyes que promuevan la transición.
Leyes. La principal norma promovida este año por el Parlamento es la ley de amnistía dirigida a los militares y funcionarios civiles que decidan dar la espalda al chavismo y que abarca los “hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999”. La iniciativa, que excluye los crímenes de lesa humanidad, fue presentada coincidiendo con la proclamación de Guaidó y tendrá ahora un desarrollo legislativo. La directiva de la Asamblea puso en marcha el 18 de febrero una agenda para desarrollar el llamado Plan País de Guaidó. Algunos de sus puntos centrales son la entrada de ayuda humanitaria, frustrada por el momento tras el intento del pasado 23 de febrero; un programa de emergencia social; proyectos de ley relacionados con el sistema de salud, las pensiones, el mercado del trabajo; una reforma fiscal y del régimen cambiario, del sistema eléctrico y de la industria petrolera.
Nombramientos. La construcción de una institucionalidad paralela ha venido acompañada de decenas de nombramientos de representantes diplomáticos en los países que reconocen a Guaidó frente a Maduro y ante algunos organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (Gustavo Tarre Briceño), el Banco Interamericano de Desarrollo (Ricardo Hausmann) o el Grupo de Lima (Julio Borges). El Parlamento nombró también nuevas juntas directivas en la petrolera estatal Pdvsa, columna vertebral de la economía nacional, y su filial en Estados Unidos, Citgo, para asumir las riendas de la principal fuente de ingresos en Venezuela.
