El ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue ligado a proceso por cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, se anunció durante la audiencia de este martes.
“Es prudente ligar a proceso a Otto Pérez Molina por asociación ilícita”, fueron las palabras de Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo.
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Eso significa que Pérez se encuentra a partir de este momento en un auto de formal prisión. El MP está pidiendo ordenar su reclusión. Durante los últimos cinco días ha permanecido en el antiguo cuartel de Matamoros, en el centro de la capital guatemalteca.
“En ningún momento, la resolución que dicto va a prejuzgar la inocencia o responsabilidad del sindicado, sino solo analizar los indicios racionales de la primera declaración”, aclaró Gálvez.
El ex presidente, que llegó una hora y media antes a la Torre de Tribunales, compareció el jueves pasado por primera vez ante Gálvez, después de dimitir a su cargo como presidente de Guatemala para afrontar a la Justicia por el caso conocido como “La Línea”.
El MP presentó el pasado 3 y 4 de septiembre las primeras evidencias en contra del ex mandatario, al que pidió ligar a proceso e imputó los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Pérez Molina negó cualquier vinculación con la red de corrupción, que también obligó a renunciar en mayo pasado a su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien está detenida y a la espera de saber si será enjuiciada.
El abogado defensor de Pérez Molina, César Calderón, aseguró ante el juez que el general retirado no recibió dinero ni estuvo involucrado en la supuesta trama criminal.
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que participa en el proceso como querellante adhesivo, cuentan con más de 89,000 escuchas telefónicas y miles de documentos como supuesta evidencia en contra de la estructura.
Su presunta implicación en la red de corrupción aduanera conocida como “La Línea”, le obligó a renunciar la semana pasada a la Presidencia para presentarse ante la Justicia de su país.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, la red de corrupción operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) e ingresó más de 1,500 contenedores de manera ilegal al país para cobrarle los impuestos a los importadores y defraudar al Estado.
