Julio E. Diaz Sosa
Recientemente, en unas declaraciones a la cadena británica BBC el execonomista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Raghuram Rajan dijo lo siguiente: “El capitalismo está bajo una seria amenaza porque ha dejado de proveer a las masas.” Y es cierto, que la creciente desigualdad económica ha desnudado una realidad inherente del capitalismo, su incapacidad para distribuir riquezas, y para evitar crisis financieras sistémicas fruto de los excesos de las élites financieras.
Con la financiarización de la economía global a partir de la década de los 70, donde la desregulación financiera pasó a ser la norma por el desmonte del Capital Labor Accord estadounidense (1945-1970), que viene siendo el equivalente al Estado de Bienestar europeo. Debido al estancamiento económico que sufrió los Estados Unidos durante esa década, por tal razón, los políticos de la derecha decidieron pasarle la antorcha del crecimiento a los mercados financieros, y la era post-depresión que sirvió para apuntalar el crecimiento por una generación, quedó en manos del gran capital financiero. Dado este escenario se han construido en torno al Estado de Bienestar que provienen tanto de la derecha y la “izquierda” del espectro político, de que el Estado de Bienestar es una obra del socialismo.
Sin embargo, el Estado de Bienestar se forjó en Europa con distintos matices, y podemos ver el ejemplo de la versión británica. William Beveridge el arquitecto de la versión británica, no quería usar el poder del estado por su propio bien. El objetivo era dar a las personas la seguridad para perseguir las vidas que eligieron. Y los reformistas liberales creían que, al asegurar a las personas contra algunos riesgos de destrucción creativa, los Estados de Bienestar reforzarían el apoyo democrático a los mercados libres.
Los Estados de Bienestar a menudo se han apartado de los principios liberales que los sustentaban. Son estos principios los que deben reafirmarse. A medida que los países se vuelven más ricos, tienden a gastar una mayor proporción del ingreso nacional en servicios públicos y beneficios. El gasto en protección social, como las pensiones, el seguro de desempleo y la asistencia para los más vulnerables, ha aumentado en promedio de alrededor del 5% del PIB en los países ricos en 1960 al 20% actual. Si incluimos el gasto en salud y educación y esas participaciones se duplican. Para algunos, la magnitud de estos Estados de Bienestar es motivo suficiente para la reforma.
Pero lo que hace el Estado del bienestar es quizás más importante que su tamaño. Debería permitir que las personas tomen sus propias decisiones, ya sea a través del apoyo, para que los padres regresen a trabajar como en los países escandinavos, los presupuestos personales a las personas con discapacidad para que seleccionen su propia provisión como en Inglaterra, o las cuentas de aprendizaje al estilo de Singapur para que los desempleados puedan adquirir nuevas habilidades.
Todos los individuos necesitan lo suficiente para vivir. Muchos de los que abandonan el mercado laboral, o que trabajan en la economía de casino, luchan por sobrevivir. Y con demasiada frecuencia, la ayuda para los pobres se presenta en formas crueles, ineficientes, paternalistas o complejas. En algunos países ricos, los desempleados enfrentan tasas impositivas marginales de más del 80% cuando comienzan un trabajo, debido a la pérdida de beneficios.
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Toda reforma de la asistencia social implica compensaciones entre el costo de un esquema y sus efectos sobre la pobreza y los incentivos para trabajar. Ningún esquema es perfecto. Pero una buena base es el impuesto a la renta negativo, que subsidia a los trabajadores por debajo de un umbral de ingresos, mientras que grava a los que están por encima de él. El impuesto a la renta negativo se puede combinar con un ingreso mínimo para todos. Es una forma relativamente simple y eficiente de abordar la pobreza mientras se mantienen los incentivos para trabajar, siempre que la tasa impositiva no sea demasiado alta.
Sin embargo, la reforma del Estado de Bienestar también requiere asumir dos desafíos que no causaron mucha preocupación a Beveridge en Reino Unido. El primero es el envejecimiento. Se proyecta que la proporción de personas en edad laboral con respecto a los jubilados en los países ricos se reducirá de aproximadamente cuatro a uno en 2015 a dos a uno en 2050. Y a medida que los países envejecen, el gasto en asistencia social se inclina más hacia los ancianos. Para mitigar el aumento de la desigualdad intergeneracional, tendría sentido reducir los beneficios más cómodos para las personas mayores y elevar constantemente las edades de jubilación.
El segundo reto que enfrenta el Estado de Bienestar es la inmigración. En toda Europa, el “chovinismo del bienestar” está en aumento. Estos apoyan un Estado de Bienestar generoso para las personas más pobres y nativas, pero no para los inmigrantes. Los populistas argumentan que, si los inmigrantes de países pobres emigran libremente a los ricos, quebrarán El Estado de Bienestar. Otros argumentan que las políticas migratorias liberales dependen de restringir el acceso a ellas: construir un muro alrededor del Estado de Bienestar, no del país. Las encuestas sugieren que pocos europeos nativos quieren privar a los recién llegados del acceso instantáneo a la atención médica y las escuelas para sus hijos. Pero pueden ser necesarias algunas restricciones a los beneficios en efectivo, como los que ya existen en los Estados Unidos y Dinamarca.
Como se dieron cuenta los liberales como Beveridge, la mejor manera de asegurar el apoyo a los mercados libres es darles a más personas una participación en ellos. El Estado de Bienestar debe considerarse más que proporcionar zapatos y sopa para los pobres y seguridad en la vejez, debe ser la seguridad que ayude a los emprendedores a mitigar el riesgo, para salvaguardar su condición en caso de perderlo todo en el intento, así se salva al capitalismo de la hecatombe en que se encamina.
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Julio E. Diaz Sosa
Bachelor of Science in Economics and Finance
Rochester Institute of Technology ’11
Master of Science in Applied Economics
Johns Hopkins University ’15
