La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU asegura que el Gobierno de Venezuela se niega a reconocer las dimensiones de la vasta crisis humanitaria que vive el país.
La comunidad internacional envió este miércoles dos duros mensajes al Gobierno de Nicolás Maduro. En el primero, desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció torturas, asesinatos y una aguda crisis social en Venezuela. En el segundo, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), se mostró por primera vez públicamente las imágenes de un centro de tortura clandestino.
Durante un avance del informe que prepara el equipo de la expresidenta chilena, de visita en Venezuela invitado por Maduro, Bachelet denunció la grave crisis de derechos humanos que vive el país y el colapso en los servicios médicos y educativos que han provocado el éxodo de más de tres millones de personas. Según Bachelet, a pesar de este panorama, las autoridades venezolanas se niegan a reconocer las dimensiones de la “vasta crisis humanitaria”, al tiempo que las sanciones impuestas por Estados Unidas “pueden agravar aún más la situación económica”.
Sobre la represión, Bachelet señaló que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por los “colectivos armados”, grupos paramilitares afines al Gobierno, han reprimido a la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas documentadas por su oficina. Paralelamente, la expresidenta de Chile citó denuncias que acusan a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) de ejecutar a 37 personas en enero en Caracas, en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposición.
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“Los asesinatos siguen un patrón similar y se producen durante allanamientos ilegales a las casas realizados por la FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan que las víctimas estaban desarmadas”, resumió Bachelet en referencia a la metodología empleada y que en 2018 habría matado a 205 personas.
“Como resultado directo de esta profunda crisis de derechos humanos, más de tres millones de personas han huido de Venezuela en busca de alimentos, atención médica, trabajo y protección”, señaló.
En referencia a los recientes apagones en Venezuela, la comisionada de la ONU aseguró que “simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país”, donde un millón de niños han dejado de ir a la escuela por problemas económicos de sus familias y escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado, aseguró.
