Un fallo de la Corte Suprema de Justicia puso fin a una larga disputa jurídica con respecto a los inmigrantes con papeles que han sido convictos por faltas graves y años más tarde son detenidos para ser puestos en proceso de deportación. Este tema se convirtió en centro de debate a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca, cuando se comenzó a implementar su política migratoria de ‘tolerancia cero’.
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó (5-4) el poder del gobierno de Donald Trump para arrestar a inmigrantes legales indefinidamente si tienen crímenes anteriores y además los convierte en inadmisibles, es decir que pueden ser deportados, tiene con los pelos de punta a miles de residentes permanentes.
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El riesgo se incrementa para los inmigrantes con residencia permanente que tengan alguna falta grave en su historial, incluso si las condenas fueron dictadas y cumplidas hace mucho tiempo y rehicieron sus vidas, a sabiendas de que no calificaban para ningún otro beneficio migratorio, tal como la ciudadanía.
“Los más afectados por este fallo son los residentes legales permanentes”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de Leyes de la Universidad de California, en San Diego. “En cuanto a los indocumentados, pues el dictamen no les impacta tanto porque este grupo de personas no tiene documentos y es muy difícil que el gobierno vaya a encontrarlas y deportarlas de Estados Unidos”.
La decisión del máximo tribunal del país puso fin a una larga disputa jurídica con respecto a si los extranjeros con papeles que habían cometido crímenes y años más tarde eran detenidos por esa falta para ser puestos en proceso de deportación, pedían fianza, podían esperar en libertad la resolución de sus casos y luchar por permanecer en el país.
El fallo concluye la discusión jurídica del caso Nielsen vs. Preap basado en la interpretación de una ley de 1996. Pero se convirtió en centro de debate a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, cuando el mandatario comenzó a implementar su política migratoria de ‘tolerancia cero’.
El nuevo escenario
En las últimas dos décadas hasta finales del gobierno de Barack Obama “una persona que vivía legalmente en el país y había cumplido su sentencia penal y el gobierno no la detenía para ponerla en proceso de deportación, quedaba libre. Y si con el paso del tiempo el gobierno la ubicaba y arrestaba, tenía derecho a una audiencia de fianza y salir libre para solicitar un beneficio que le permitiera quedarse, como una cancelación de deportación”, explica Velásquez.
“Y podía hacerlo, aunque tuviera derecho y/o calificara o no para pedir y recibir un beneficio”, añade.
La profesora expone que el fallo de la semana pasada plantea que ese individuo que reside legalmente en el país que cometió una falta grave que conlleva más de un año de cárcel no saldrá libre y es probable que tampoco tenga opciones de pelear su caso por el delito que cometió.
“Lo que debe quedar en claro es que tienen derecho a pelear su caso si tienen una cancelación de deportación aprobada. El dictamen no afecta el derecho a pedir un perdón para la cancelación de su deportación, pero hay que tener en cuenta que debido a la falta cometida puede que la persona se haya convertido en inadmisible”, añade.
Cabe señalar que después del 30 de septiembre de 1996 las personas que han cometido crímenes graves no pueden pelear sus casos para detener una deportación, según Velásquez.
