Por: Fausto Herrera Catalino
La democracia dominicana es una ficción. Esta opinión la dije en el análisis de coyuntura, durante la segunda Asamblea de la Coordinadora Nacional por los Derechos del pueblo y la rebaja de los combustibles, realizada este sábado en el local de SITRACODE.
En teoría argumenté: “No existe un Estado de derechos. El partido oficial en casi 20 años de mandatos, usurpó la totalidad de los órganos del Estado. El Poder Ejecutivo tiene dominado al Poder Judicial y al Congreso Nacional.
La confrontación política, estratégicamente orquestada para el continuismo del Partido de la Liberación Dominicana que, en sus dos tendencias tiene partidos y movimientos satélites que actúan a favor de su hegemonía en el poder, como socios menores del reparto de la administración pública.
La alianza, además, con grandes concesiones a los poderes fácticos de la economía.
El presidente Danilo Medina y su gobierno, como parte de esa trama, no atiende los reclamos del pueblo, no resuelve las urgentes demandas sociales; porque su prioridad por encima de la Constitución es mantenerse en el poder a todo costo, sin importarles el derroche de los recursos del Estado.
En el ámbito electoral, son notorias las contradicciones entre los actores políticos y, fallas que se han observado en las disposiciones de las promulgadas leyes de Partidos y del Régimen Electoral.
Desde la esfera del poder se instituyó la cultura del fraude electoral a través del clientelismo. La ciudadanía desconfía de la pulcritud de los órganos electorales por estar sometido al mismo esquema corporativo de control oficialista.
Por ejemplo, el voto de arrastre de los diputados a los senadores, caso único del mundo, que, permite el voto sea directo, como manda la Constitución e indirecto que la misma Constitución prohíbe.
El endeudamiento público cada día se incrementa, para pagar intereses de las deudas por préstamos y, lo más grave para encubrir los sobreprecios y el chantaje de Odebrecht para la terminación de las termoeléctricas de Punta Catalina.
En sentido contrario, comerciantes detallistas, pequeñas y medianas empresas se han ido a la quiebra por los impuestos, la deficitaria y alta tarifa eléctrica, los costos agregados por seguridad, la competencia especuladora de funcionarios y el limitado poder adquisitivo de los consumidores por el incremento del costo de la vida y la congelación por más de 6 años de los salarios.
El presidente Danilo Medina, en su informe del 27 de febrero, anunció un ficticio reajuste salarial con efectividad al presente mes de abril.
La estafa a los consumidores de combustibles de más de 100 pesos por cada galón de gasolina o gasoil, mientras se privilegia a unas mafias y funcionarios del gobierno.
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Los trabajadores dominicanos están en alerta ante la estratagema del presidente Danilo Medina para la modificación al Art. 86 de la Ley 87-01, como el Decreto 18-19 de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, que crearía un nuevo sistema de salud, para un sector de pensionados y jubilados; disminuyen sustancialmente los recursos de los pensionados existentes y de los afiliados activos.
Igualmente, además, de la discriminación que deteriora el derecho a la salud consagrado en el Art. 61 de la Constitución, al cobrarle más caro al pensionado de Hacienda (6.3%) con relación a los dominicanos del régimen contributivo.
A través de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, el primer ejecutivo impuso su nuevo control de la Suprema Corte de Justicia. Con anterioridad se adjudicó a la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.
El atropello que protagonizó el Procurador General de la República, contra la jueza Miriam Germán, a su integridad personal y familiar que impidió su promoción y permanencia en la Suprema Corte de Justicia, es un típico acto de tiranía del poder.
El caso del juicio a los encartados por los sobornos de Odebrecht se ha convertido en una telenovela sin audiencia, por cuanto nadie –porque no están todos los que son- en sano juicio confía que habrá castigo ejemplar para quienes utilizan como señuelos por una justicia secuestrada.
Cada día son más los periodistas y comunicadores sociales cancelados de los medios donde laboran por la presión y la complicidad de propietarios con instancia del Gobierno. La inversión para silenciar voces se incrementa cada día, por este concepto el Gobierno gasta millones de pesos diario.
La política de protección a los recursos naturales está en pleno desastre. Otorgamiento de permisos de extracción minera, las granceras destruyen los ríos, siembra en lugares inapropiados.
En cambio, poblaciones enteras sufren las consecuencias de los daños ecológicos como los encadenados en Cotuí.
Por igual, son una estafa la visita sorpresa al campo como lo reafirma, tras la denuncia del ingeniero Leonardo Faña, un estudio reciente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
Para los productores del campo, la visitas sorpresas no solucionan los graves problemas que los afectan, como: la falta de tierra, asistencia técnica, el acceso al agua por diversos métodos, al crédito y a los mercados para impulsar una soberanía alimentaria y combatir la pobreza en el campo dominicano.
La violencia de todo tipo, feminicidios, la inseguridad y delincuencia campean por sus fueros. El gobierno cada vez demuestra mayor incapacidad para enfrentar los desafueros del crimen organizado.
A este macabro drama social, se agrega la desesperanza que sufre la juventud dominicana, cuando de cada 10 jóvenes, 7 cifran sus expectativas en emigrar del país.
Las promesas del Gobierno para empleos productivos no se cumplen, en cambio, para mantenerse en el poder otorgan tarjetas por valor de 500 pesos a jóvenes estudiantes con miras a las próximas elecciones.
De igual modo, se aplican las “limosnas a los pobres” en el programa de las tarjetas de solidaridad que extorsionan el voto a quienes la reciben. De esa manera se ejerce una falsificación a la voluntad democrática.”
Entonces ¿Qué hacer? La desobediencia concertada es la respuesta. La movilización ciudadana, en ejercicio de la soberanía que consagró la Constitución; como lo planteó el plan de lucha acordado, en la Asamblea; con la presencia del presidente del Colegio Médico Dominicano y más de 400 representantes de organizaciones sociales.
