Leí hace un tiempo una critica elaborada por un periódico alemán, que ponía en evidencia el interesante tema sobre la legitimidad de la democracia en América Latina.
Igualmente, me interesé en el artículo que publicó el doctor Ramón Ceballos, “La Política en R.D. es un estercolero”, e intenté recapacitar sobre el aspecto democrático que República Dominica quiere exportar al resto del mundo.
Algunas preguntas surgieron en mi instinto humano que no encontraron la respuesta que buscaba:
¿Es legitima la democracia en un país donde la justicia está subyugada al poder político?
¿Existe una conexión entre los poderes públicos y el Partido en el poder?
Y, por último, ¿Existe meritocracia en un país donde los gobernantes eligen a dedo los puestos de responsabilidad que deben juzgar al pueblo?
Mi respuesta me introdujo en un laberinto sin salida porque el clientelismo siempre estaba presente en mis objeciones, lo que me hizo invitar algunos párrafos griegos que fueron el inicio de la participación ciudadana a la justicia, me refiero a Pericles y su reforma. Igualmente recordé los Dicasterios Atenienses donde la corte suprema estaba sustentada por el pueblo que eran a la vez jueces y jurados y sus juicios eran inapelables y totalmente soberano.
Y hoy, las sustituciones de los funcionarios en la administración pública en R.D., cada vez que cambian de partido o de presidente, nos lleva a la conclusión que no existe justicia porque tampoco existe independencia entre los poderes fundamentales que debería regir el país.
Es evidente que esta confrontación entre un ciudadano justo y avisado y un funcionario impuesto por políticos electos no puede bajo ningún aspecto acercarnos a la democracia. La corrupción no es sino un clientelismo evidente y un exagerado uso del poder al más alto nivel, controlando cada espacio con ejecutivos amigos. (Putrefacción del poder).
El doctor Ceballos, a plena conciencia, exalta esta injusticia que se percibe en cada estamento del país, frustrando la democracia y el respeto de la ciudadanía hacia la incompetencia de quienes nos gobiernan.
Esta es la razón que frena el avance socioeconómico en los últimos 15 años, abriendo enormes diferencias entre los nuevos poderosos acaudalados políticos y el pueblo que sufre para poder existir en el día a día, en condiciones de alta precariedad.
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Tanto la OCDE como el CEPAL, avisan de una falta de transparencia que puede llevarnos a una revolución social porque hay limites que no se deben traspasar. Por eso, la justicia en países vecinos condenó a: Presidentes, Ministros y Altos Cargos corruptos. Con penas ejemplares, en casos tan conocidos como la trama Odebrecht.
¡Extraño comportamiento de la Justicia de R.D. que no condenó a ningún alto cargo responsable en este laberinto de corrupción!
Todos los demás corruptos beneficiarios de esta trama en otros países, a excepción de Venezuela, están implicados y algunos ya condenados.
Tantos indicadores deben alertarnos de las malas praxis de las instituciones públicas, que ponen diariamente en riesgo la democracia y el desarrollo en R.D.
Es necesario pues, reflexionar y pedir al gobierno una justicia competente, eliminando las barreras que hoy no nos permiten acceder a la transparencia. Debemos reclamar una total imparcialidad de los poderes públicos para que le pueblo avance y el desarrollo económico esté presente en cada rincón de la actividad de nuestro país.
Hay que poner en aplicación el artículo 39 de la constitución que describe una igualdad consagrada de todas las personas … y que: “Deben recibir la misma protección y trato de las instituciones”. Sin olvidar que las “Autoridades deben gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades que los demás ciudadanos”, y no tener un tratamiento excepcional y abusivo que humilla al resto del pueblo.
La Justicia debe vigilar la legitimidad de los gobiernos y su capacidad de administrar cada recurso igualitario para todos, sin nutrirse de situaciones putrefactas que aumenta la discriminación, exclusión y marginalidad.
No olvidemos que el Gobierno debe garantizar la erradicación de todo aquello que se manifieste abusivo, injusto, corrupto, desigual y discriminatorio, aplicando sanciones ejemplares a aquellos que se benefician de sus cargos políticos para enriquecimiento personal.
Y el pueblo mientras tanto de nuevo se pregunta, ¿Dónde está la justicia en mi país?
La respuesta se pierde en los confines de la isla, y la lucha para subsistir en medio de tanta indiferencia, continua presente en todos los hogares de R.D.
