Santo Domingo, D. N.-
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El recurso elevado ante el Tribunal Superior Administrativo por los partidos Alianza País, Dominicanos por el Cambio (DXC), Revolucionario Social Demócrata, Opción Democrática, Frente Amplio y Alianza por la Democracia establece que con dicha medida el tribunal comicial abusó de su potestad reglamentaria violando así el principio de legalidad, separación de poderes, reserva legal y el artículo 212 de la Constitución.
El doctor Manuel Oviedo Estrada, Presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, hablando en nombre de las seis organizaciones políticas, afirmó que en vista de las violaciones legales que implica la medida de la junta dicho recurso busca la nulidad de la misma.
“Esperamos que el Tribunal Superior Administrativo acoja nuestro recurso de nulidad, ya que la Junta Central Electoral con su medida incurre en las siguientes violaciones: El principio de legalidad, el principio de separación de poderes, el principio de jerarquía normativa y el artículo 212 de la Constitución, asimismo porqué vulnera los artículos 78 y 81 de la Constitución, en cuanto a la forma de elección de los senadores y diputados“ manifestó Oviedo.
Estuvieron presentes Max Puig presidente de Alianza por la Democracia, Luis Miguel De Camps García presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, Minou Tavárez Presidente de Opción Democrática, Sergio Holguín de Alianza País y César Rodríguez del Frente Amplio.
Oviedo Estrada señaló que el tribunal comicial también viola los principios de razonabilidad, y la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral, así como también el de igualdad y no discriminación, el derecho a elegir y ser elegido.
“En el presente recurso contencioso administrativo, los partidos que suscriben la presente instancia plantean el reglamento dictado por la JCE debe ser anulado en todas sus partes. Por medio de la JCE se presta a violar los derechos y principios constitucionales que favorecen al sistema de partidos y a los partidos políticos que suscriben la presente instancia. De esta forma, al pretender discriminar entre provincias con circunscripciones electorales y provincias sin circunscripciones electorales para poder introducir – ilegalmente – el sistema de voto de arrastre o cascada“ aseguró Oviedo.
