El presidente Donald Trump ordenó el jueves “medidas” para proteger la red de seguridad social y promover la “autosuficiencia” para los no ciudadanos. Esto con el fin, dijo, de “proteger los beneficios de los estadounidenses”.
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El memorando establece que las agencias del gobierno aplicarán completamente las restricciones establecidas por la ley actual sobre el uso de programas de asistencia social en base a los ingresos por parte de no ciudadanos.
La orden detalla que, según la ley actual, quienes patrocinan a personas que no son ciudadanos “deben asumir la responsabilidad financiera de los beneficios de asistencia social basado en los ingresos que reciben”.
Trump pidió a las agencias que regulan beneficios de asistencia, entre ellos el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), que elaboren y emitan recomendaciones y orientaciones “para garantizar que los pagos de bienestar basados en los ingresos se recuperen del patrocinador”.
Las distintas agencias involucradas “se asegurarán de que los patrocinadores sean informados de sus obligaciones financieras conforme la ley”, se lee en el memorando.
El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Medicaid y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) “requieren procedimientos y orientación actualizados para garantizar que se cumplan los requisitos de la ley vigente”, señala la orden.
Los detalles de la orden
En los casos donde el patrocinador no pague los reembolsos exigidos legalmente, “se remitirán a los procedimientos de cobro de acuerdo con la ley”, agrega el memorando presidencial.
El documento precisa que la ley vigente, firmada en 1996 por el entonces presidente, Bill Clinton, “dejó en claro que los extranjeros no deben depender de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades”.
“El presidente Clinton firmó una ley para exigir que se solicite al patrocinador de un no ciudadano que reembolse cualquier beneficio de bienestar basado en los ingresos que reciba el no ciudadano”, añade.
“El patrocinador, sea un residente legal permanente o un ciudadano, que respalda una solicitud de residencia de un extranjero, es responsable durante 10 años o hasta que el extranjero se convierta en ciudadano de los gastos que este incurra por uso de ciertos beneficios públicos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California.
“No había visto que el gobierno usara esta política, pero la va a implementar”, agregó. “Lo que falta determinar es exactamente bajo qué beneficio el patrocinador o el copatrocinador de un no ciudadano asume la responsabilidad de reembolsar los costos de la asistencia”.
El memorando, citando la ley vigente, indica que, “tras la notificación de que un extranjero patrocinado ha recibido algún beneficio público por medios comprobados, el gobierno o la entidad no gubernamental que proporcionó dicho beneficio solicitará el reembolso al patrocinador por un monto igual al costo no reembolsado de dicho beneficio”.
Plazo para nuevas reglas
El memorando establece un plazo de 90 días para que los secretarios de Agricultura y Salud y Recursos Humanos emitan orientaciones, procedimientos e implementación de un programa de cobro de deudas a patrocinadores.
Dichos esfuerzos de cumplimiento incluirán:
· Establecer o actualizar, según corresponda, los procedimientos y orientaciones sobre las obligaciones de reembolso de los patrocinadores; y
· Proporcionar dichos procedimientos y orientación a todas las entidades involucradas en las acciones de aplicación de la ley, incluidos los funcionarios federales y estatales responsables de administrar cualquier programa de beneficio público.
