Por Guillermo Moreno
Desde la década de los 90 del siglo pasado, la República Dominicana fue pasando, progresivamente, de país puente de cargamentos de droga hacia los Estados Unidos, a país que además era destino de consumo.
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Inicialmente se trató de una secuela derivada de que a muchos cómplices locales se les pagaban sus servicios con parte de los narcóticos que ayudaban a transportar. Con esta droga se organizó una estructura de distribución “micro” que se ha expandido por todo el territorio nacional.
El microtráfico le dio una amplia “base social” al tráfico de drogas. En nuestro medio, el traficante del barrio no es un sujeto perseguido y que vive escondido. Es más bien un “Don”, cuyos “negocios” se conocen y a quien muchos profesan lealtades, sea por temor o por favores.
El microtráfico solo puede operar en la forma como lo hace en el país con la complicidad de autoridades, consumidores y el silencio de los no consumidores. Para tener una idea de la exitosa expansión del consumo y distribución de droga, es oportuno saber que las autoridades manejan la cifra de que en este país de solo 48 mil kms2, hay unos 40 mil puntos de microtráfico en barrios y comunidades. Una parte de estos consumidores, no solo se convierten en distribuidores sino que para sostener su adicción pasan a delinquir cometiendo asaltos y crímenes, y son una de las causas de los altos niveles de inseguridad ciudadana.
En su nuevo esquema de operación en el país, el narcotráfico tuvo que desarrollar una más definida estructura de crimen organizado. Alrededor de los “capos” de la droga se fueron creando estructuras de distribución y de protección, con mandos jerarquizados y fuertemente armados, junto al desarrollo del sicariato.
Ya no se trata de los casos de los años 70 y 80 de jóvenes que se fueron a Nueva York y otros Estados y se involucraron en actividades ilícitas y los que pudieron regresar compraron fincas o pusieron negocios en una especie de plan de retiro.
A estos nuevos capos no les está permitido el retiro. Como crimen organizado deben estar en permanente actividad delictiva para sobrevivir y no caer a manos de los carteles de la competencia.
Estos nuevos capos de la droga generan grandes sumas de dinero “sucio”. De poco les sirve tener este dinero empotrado en paredes o escondido en maletas. Por eso tienen necesidad permanente de lavarlo a través de negocios y bienes adquiridos “legalmente”.
En una economía grande es posible ocultar operaciones de lavado de dinero. No así en un país con una economía como la dominicana. Es muy difícil comprar una finca o poner un negocio sin llamar la atención de la comunidad. Sin protección, el narcotraficante no podría sobrevivir económicamente.
En el país, las autoridades saben quiénes son los grandes capos de la droga. Cómo y dónde operan. Cuáles sus negocios y sus propiedades. Se conoce dónde están los puntos de microtráfico. ¿Por qué entonces son intocables y nadie los enfrenta? ¿Por qué nunca caen los verdaderos capos del narcotráfico en el país? ¿Cómo es posible que se deje al crimen organizado funcionar como un Estado paralelo, con estructuras paramilitares y operar sus negocios a plena luz del día?
La verdad cruda y amarga es que el éxito del narcotráfico en el país y su capacidad para diversificarse en inversiones de todo tipo solo ha sido posible porque ha contado con protección y complicidad oficial.
Para ello, desde hace mucho, el narcotráfico penetró el sistema político. El interés de los capos de la droga no ha sido convertirse en legislador, como hiciera Pablo Escobar en Colombia o en alcalde o presidente de la República. En el país se han focalizado en financiar campañas y candidatos. No es casual que de unos años a esta fecha, la política y las campañas electorales tradicionales se han convertido en actividades muy costosas que consumen enormes sumas de dinero.
El dinero del narcotráfico está presente en cada una de esas campañas y candidatos que invierten decenas de millones en publicidad y clientelismo para ganar una alcaldía o ser legislador o cientos de millones en una candidatura presidencial y que es sabido que esas groseras sumas ni las pusieron de su fortuna personal, ni se las donó el sector privado y que incluso ni la corrupción pudo aportárselas.
La financiación de candidatos le ha permitido al narcotráfico penetrar el sistema político y obtener protección de altos funcionarios del Estado y de militares, policías, ministerio público, jueces y hasta en el sistema carcelario, si alguna vez van tras las rejas.
Aunque duela admitirlo, la verdad es que el crimen organizado echó raíces en este país y es un poder fáctico que impacta en la economía, la política y la sociedad en general.
En un país en donde el narcotráfico ha penetrado tan profundamente, como en la República Dominicana, no puede haber seguridad ciudadana mientras no se le enfrente y se liquide su organización criminal desde los cimientos.
Pero más aún, en un país donde el narcotráfico cuenta con la protección y la complicidad de sectores oficiales para operar, no es posible desarticularlo sin desmontar la estructura de poder político que le sirve de sostén.
