Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- El Senado y la Asamblea de este estado aprobaron recientemente leyes que otorgarán protecciones históricas a las comunidades inmigrantes, entre ellas la de República Dominicana.
Las mismas son “otorgamiento de licencias de conducir a indocumentados”, “amenaza de los patrones de llamar a las autoridades de inmigración contra trabajadores que demanden el respeto de sus derechos”, “la situación de abuso en granjas y centro de trabajo” y “el robo de salario”.
El contenido de las nuevas leyes establece que más de 750 mil indocumentados en el estado, entre ellos 150 en la Gran Manzana, se beneficiarán del otorgamiento de la licencia de conducir.
Asimismo, se castigará a los empleadores si amenazan con llamar las autoridades de inmigración para denunciar el estatus migratorio de un trabajador cuando demande mejoras laborales, de salario y su derecho a organizarse.
La violación se clasificaría como un delito menor de clase B, que conllevaría hasta tres meses de cárcel y una multa de hasta 20 mil dólares.
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Mientras que la Ley de Prácticas Justas para los Trabajadores Agrícolas de NY culmina con lo que los defensores califican como 84 años de explotación a trabajadores de fincas. Cerca de 100 mil trabajadores de cultivos de frutas, hortalizas, invernaderos y viñedos de Long Island, se beneficiará de la nueva norma.
La ley exige ahora un pago de horas extras equivalente al menos 1.5 veces la tasa de pago regular del trabajador después de 60 horas a la semana, además de 24 horas de descanso consecutivo por semana.
También la Ley de Protección contra el Robo de Salarios Ganados ayudará a los empleados a recuperar los que les han sido robados.
Esta legislación crea un “gravamen en beneficio del empleado” permitiéndole poner un embargo temporal sobre la propiedad de un empleador que no le paga su salario. También facilitaría a las víctimas solicitar la anexión de los activos del patrono durante un juicio pendiente, antes de que se puedan vender o transferir las propiedades.
En 2018, se devolvieron 35 millones de dólares a más de 35 mil víctimas y desde 2011 el estado ha recuperado y devuelto más de 285 millones en salarios robados a más de 250 mil trabajadores.
La nueva legislación para que los sobrevivientes de agresión sexual puedan obtener justicia y responsabilizar a los agresores, el tiempo de cinco años ha sido extendido a 20 por violación en segundo grado y 10 para tercer grado.
Además, la ley aumentaría el período de tiempo para que una víctima presente una demanda civil dentro de 20 años en los que ocurrió el ataque, según la Legislatura.
