Por Luis Abinader
Los violentos acontecimientos ocurridos la semana pasada alrededor del Congreso Nacional han perturbado profundamente a la nación. La sede del poder legislativo, el primer poder de la República, fue el más reciente escenario de la desmesurada ambición por el poder que los dos bandos de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) vienen demostrando desde hace más de un año, afectando gravemente la democracia dominicana.
Diecinueve años de predominio del PLD en el gobierno han convertido el Estado en patrimonio privado de una cúpula partidaria, con vocación absolutista, que ha sometido las instituciones públicas a dos proyectos personales de poder y enriquecimiento. Esa desenfrenada lucha, en vez de dirimirse en las instancias internas del PLD, ha llevado al Poder Ejecutivo a agredir con una severidad desproporcionada a legisladores de su propio partido y a ciudadanos, así como, insólitamente, a ocupar manu militari el Congreso.
Este desenlace ha sido el resultado de un control casi absoluto de los poderes públicos, que se agravó significativamente a partir de la modificación de la Constitución de 2010, lo que politizó las instituciones y transformó al PLD en un partido-Estado. Desde entonces, se acentuó el conflicto interno y brotaron las pasiones de las dos corrientes que se disputan el poder en ese partido, sin mesura o árbitro alguno que imponga límites, arrastrando irresponsablemente al país hacia una espiral de desestabilización institucional del Estado y poniendo en peligro nuestra vida democrática.
Este enfrentamiento se lleva a cabo bajo el pretexto de si se reforma o no la constitución, desplegando un sórdido conflicto de intereses entre dos grupos cuyo único objetivo es controlar el poder y el presupuesto nacional a toda costa: buscando uno la reelección y el otro volver al poder.
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Cínicamente, el PLD somete hoy nuestra democracia y la existencia de las condiciones básicas para una vida ciudadana digna y estable, pacífica y segura, al reino de la incertidumbre con un silencio desconcertante del presidente, mientras, se adueñan de nuestras calles los delincuentes, el miedo y la inseguridad; se amenaza peligrosamente nuestra principal industria, el turismo; se pasea impunemente la corrupción por los pasillos de nuestras instituciones; y se deterioran los servicios públicos, como los vinculados a la salud, la energía eléctrica, el acceso al agua potable y a una educación de calidad.
Para colmo, el esfuerzo de un grupo de periodistas a escala internacional ha revelado un nuevo componente del caso Odebrecht, en relación a Punta Catalina, que afianza mi convicción de que el país requiere una gran renovación ética e institucional.
El grotesco espectáculo de las facciones peledeístas ha traído de vuelta la triste etapa del caudillismo, que pensábamos desterrada de nuestra vida política nacional por sus resultados catastróficos para el país, amenazando con sumirnos en el caos y la desesperanza. Pero no, no permitiremos que eso ocurra, no lo lograrán.
Hoy, reitero mi compromiso y el del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de luchar en contra de una reforma constitucional, cuyo único propósito es restaurar el reeleccionismo, que tanto daño le ha hecho al país, y de producir el cambio democrático que reclama el sentimiento público de la nación.
Tras la salida del PLD del poder, será imperativo establecer una clara separación entre el partido y el Estado para poder restablecer la autonomía y libertad de acción del poder congresual, judicial y electoral, así como la más absoluta y total independencia del ministerio público, después de amplias consultas, requisitos imprescindibles para garantizar la vigencia del imperio de la ley y un verdadero Estado de derecho.
Por todo ello, estoy convencido de que hoy más que nunca es necesario cohesionar las fuerzas genuinamente democráticas de la nación en una gran concertación opositora, enfatizando, en base a un programa de gobierno compartido, los aspectos que nos unen para sacar al PLD del poder y llevar a cabo el cambio democrático que con urgencia exige el pueblo dominicano.
Nuestra causa es plural y patriótica. Invito a todos los que creen que nuestro país no va por buen camino, sin importar el color distintivo del partido por el cual simpaticen, a cambiar radicalmente el rumbo de nuestro destino nacional.
Reitero mi firme voluntad de contribuir a producir el cambio de gobierno que requiere y exige la nación, para así recuperar y avanzar las conquistas políticas, sociales, económicas y culturales logradas tan arduamente por el pueblo dominicano.
No tengamos duda alguna, dominicanas y dominicanos: ¡El cambio va!
