La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este jueves un informe sobre la situación de Venezuela, en el que insta al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas para “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.
El informe, que este viernes 5 de julio presentará la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos, el cual se reunirá en Ginebra, Suiza, advierte que “si la situación no mejora, continuará el éxodo, sin precedentes, de emigrantes y refugiados que abandonan el país”. Se calcula que hay más de 4 millones de venezolanos en el exterior.
El organismo pide a las autoridades que se libere a todos los detenidos, quienes están presos por ejercer sus derechos fundamentales. Señala al Ministerio Público por haber incumplido su obligación de investigar y enjuiciar a responsables, y afirma que los medios de comunicación se han reducido, pues el régimen ha impuesto una hegemonía comunicacional que restringe el derecho de estar informado.
El documento, que se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, denuncia que en el último decenio, sobre todo desde 2016, el régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.
Advierte que Maduro ha recurrido a detenciones arbitrarias, en su mayoría sin fundamento legal, como uno de los principales mecanismos para intimidar y reprimir a sus adversarios desde 2014. Señala que se registraron 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) aprehendidas entre 2014 y 2019. Algunos de estos casos han sido señalados como desapariciones forzosas hasta que los cuerpos de seguridad del Estado han revelado la ubicación de la víctima, luego de varios días de captura.
La mayoría de estas detenciones se han llevado a cabo cuando los ciudadanos han estado ejerciendo sus derechos humanos, en especial aquellos que están relacionados con la libertad de opinar, expresarse o reunirse de manera pacífica. “(Se les sometieron) a juicios en los que se cometieron graves y repetidas violaciones de la garantía de procedimientos justos”, agrega el texto.
El documento de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reporta que en muchos casos los detenidos fueron sometidos a una o más formas de tortura, así como a tratos crueles, inhumanos o degradantes; por ejemplo, la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.
Indica que la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, por lo menos desde 2014. Las Fuerzas de Acciones Especiales, de la PNB, es una dependencia que está señalada de llevar a cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad. Lo mismo advierten del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Los servicios de Inteligencia, Dgcim y Sebin, son acusados de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura a opositores y a sus familiares. Además, los colectivos armados (a quienes la Asamblea Nacional han llamado paramilitares) contribuyen a este sistema mediante el ejercicio del control social en las comunidades y el apoyo a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia.
La Oficina de la Alta Comisionada recomienda que se disuelvan las FAES y que se establezca un mecanismo nacional, imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, a fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales en las que se incurrieron en el curso de operaciones de seguridad, garantizar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas.
Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido al ámbito democrático ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos, de acuerdo con el texto. Destaca, asimismo, la repercusión de la profunda crisis económica que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos en los ámbitos alimenticios y cuidados médicos.
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Crisis alimentaria
La Acnudh confirmó que en Venezuela se viola el derecho a la alimentación, incluso la obligación del Estado de garantizar que la población no padezca hambre. “El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como ‘cajas CLAP’, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente. El gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias”, asegura. Los entrevistados por la Acnudh denunciaron una constante falta de acceso a los alimentos, debido tanto a la escasez como a los altos precios.
“La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez o, como mucho, dos veces al día, y que consumían pocas proteínas y vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres, que son las principales encargadas y/o las jefas de familia, que se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se han visto forzadas a intercambiar comida por sexo”, denuncia.
En el informe se considera que las políticas económicas y sociales del chavismo han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, lo que ha incrementado la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria.
Salud: la situación es grave
El organismo reconoce la crisis sanitaria del país al señalar que han aparecido enfermedades que anteriormente estaban controladas o erradicadas; tal es el caso de la difteria y el sarampión. Reconoce, a su vez, que la escasez de medicamentos asciende a entre 60% y 100%.
También se habla de la falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos y que algunas ciudades enfrentan una escasez de 100%, lo que aumenta el riesgo de contraer VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, así como que se incremente la tasa de embarazos no deseados.
“Violaciones del derecho a la salud son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aun por motivos económicos (…). También se producen violaciones del derecho a la salud por el hecho de que el gobierno no publique datos sobre la salud pública, que son esenciales para la concepción y puesta en práctica de una respuesta adecuada a la actual crisis sanitaria que padece el país”, concluye en este apartado.
Sobre las sanciones
La oficina de la ONU considera en el informe que Venezuela ya estaba atravesando una crisis económica antes de que comenzaran las sanciones internacionales. Sin embargo, hacen énfasis en que las últimas medidas de este tipo han agravado aún más los efectos de la crisis y, por tanto, la situación humanitaria, “dado que (la mayor parte) de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense”.
