La República Dominicana, es un país habido de justicia. Durante varias décadas, hemos estado esperando que en nuestra patria chica se sienten precedentes, que terminen con el saqueo, la depredación, y el robo vulgar de los fondos públicos.
Cuando la Procuraduría General de la Republica anunció la investigación del caso odebrecht, y los sobornos alegadamente entregados en el país, albergamos la esperanza de una investigación seria en la cual no hubiese vacas sagradas.
La instrumentada por el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez, nos remonta a décadas jurídicas que creíamos superadas, en las cuales se estructuraban expedientes voluminosos, donde era practica consuetudinaria, fotocopiar varias veces piezas para aumentando el grueso de un expediente, tratando de esta forma impresionar a jueces, aparentando que el grueso del legajo, era similar a la infracción que se le imputaba a un justiciable.
La investigación hecha por el Procurador General de la República, ha llenado de frustración a gran parte de la sociedad dominicana, pero, sobre todo; a los estudiosos de acontecimientos jurídicos, que por su connotación ameritan un seguimiento especial.
Son abundantes las fallas que se pueden señalar de manera precisa que adolece el caso Odebrecht, dentro de las cuales podemos citar: No fueron incluidos en la investigación hecha el Procurador, el Dr. Reynaldo Pared Pérez, ni la Licda. Cristina Lizardo, en cuyas gestiones como presidentes del senado, fueron aprobados más del 90% de los prestamos relativos a la referida compañía ejecutados en el país.
Punta Catalina, mega obra, cuyos costos fueron ventajosamente aumentados, niña bonita del gobierno de Danilo Medina, por la cual el país ha tenido que afrontar múltiples procesos judiciales, dentro de ellos arbitraje y audiencias en tribunales radicados en EE UU.,
Los imputados fueron detenidos violentando sus derechos fundamentales, siendo exhibidos públicamente al momento del arresto y filtrado el video a los medios de comunicación, gran parte de ellos con amplios arraigos y domicilios conocidos en el país, que solo bastaba con hacerle una llamada, los mismo se presentarían sin ningún tipo de evasiva.
La famosa comisión creada por el Presidente Danilo Medina, en contubernio con el Procurador General de la República, para justificar *la transparencia en todo el proceso de Punta Catalina*, fue una estrategia bien diseñada; en su composición vimos a gente de la comunicación, del mundo empresarial, del sector eclesiástico, quienes distinguidos por el Presidente de la República con su membresía en ese estamento, acudieron raudos y veloces, a validar unas de las estafas más grandes que recuerda la historia republicana en contra del patrimonio nacional.
Para refrescar la memoria de los distinguidos hombres y mujeres que nos privilegian con su lectura, recordamos los nombres de los miembros de la comisión referida, señores: Agripino Nuñez Collado, Persio Maldonado, Pastor Jorge Alberto Reynoso Cabrera, Pedro Brache Alvarez, José Luis Corripio Estrada, Gabriel del Río Doñé, Servio Tulio Castaños Guzmán, Celso Marranzini Pérez y Jaime Aristy Escuder, este último actual administrador de la planta a carbón, cuerpo del delito en el caso Punta Catalina.
Las recientes informaciones reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas, sobre sobre todo; el entramado mafioso de la compañía Odebrecht, ha develado un gran escandalo alrededor del modus operandi de esta multinacional, lo que compromete de manera directa el Estado Dominicano, y por vía de consecuencia, al Presidente de la República Danilo Medina.
La presencia en el país del Ex Presidente de Brasil Lula Da Silva y el señor Tacla, quienes hicieron lobismo para lograr que obras fueran adjudicadas a la multinacional archi conocida. De las 17 obras que se señalan fueron construidas en el país por Odebrecht, Punta Catalina es la de mayor inversión, fue excluida de la investigación hecha por Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República.
Fue eliminada la página 14 del informe enviado por la justicia de brasil, se simuló un proceso de licitación y competencia, manejado de manera virtual y online, que buscaba como al efecto sucedió, dejar el camino despejado a Odebrecht para ser favorecida con la asignación del contrato de Punta Catalina.
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En este caso, ha habido obstrucción de la justicia y encubrimiento, responsables: El Presidente de la República Lic. Danilo Medina Sánchez y Procurador General del país, Lic. Jean Alain Rodríguez.
Ahora se entiende, porque tanta celeridad en la investigación del Procurador General de la República, porque limitar la investigación a una cantidad reducida de personas, parte de ellos, que han demostrado en la fase de juicio a la prueba, su no vínculo con los hechos imputados. Se temía fluyeran datos, que pusieran al descubierto la realidad del caso odebrecht; pero ya empezaron a fluir a borbotones.
A través del sistema Drausis, se pudieron detectar que 28 nombres de favorecidos en mafia planteada, fueron identificados a través de claves, 39 millones de dólares están asociados de manera directa, a la licitación en la ejecución y aprobación de Punta atalina, la cual según el economista Andy Dahuajer, costarían un 6% menos que el costo que ofertaban otras compañías internacionales, con experiencia en la construcción de ese tipo de plantas.
Se recuerda que el reconocido asesor internacional de campañas, Joao Santana, quien disponía de un despacho en el palacio nacional, a quien Danilo reconoció de manera efusiva por uno de sus triunfos, y su esposa Mónica Moura, guardan prisión por hechos vinculados a todo ese entramado de corrupción.
Nuestra mayor frustración en todo este proceso judicial instrumentado en República Dominicana, fue la actitud del Juez Francisco Ortega Polanco, a quien correspondió conocer la medida de coerción, así como el juicio preliminar, en contra de los imputados señalados por Danilo Medina y el Procurador para que fueran procesados.
El código procesal penal comentado por un juez en ejercicio, es uno de los aportes jurídicos del Magistrado Francisco Ortega Polanco, quien durante varios años ha sido marco de referencia para los abogados amantes del buen proceso, que deben ser llevados con todas las de la ley.
A través de su Auto de apertura a juicio y auto de No Ha lugar No. 5/2019, de fecha 21 de junio del 2019, echó por suelo, todo cuanto habían escrito en relación al debido proceso, la tutela judicial efectiva, con esta decisión se abren dos disyuntivas, Lo que el magistrado escribió en ese valioso tomo, no guarda relación con sus reales convicciones; ó: el se ha apartado de esos principios y valores que preconizaba, en el auge de su desempeño como juez.
La decisión evacuada por el Magistrado Ortega Polanco, asumió prácticamente de manera total, todo el escrito presentado por el Ministerio Público, con muy leves cambios. Desde las escrituras de inicio, del histórico Auto No. 5/2019, se podía apreciar que no hubo ningún juicio crítico, ni apreciación justa a los medios de pruebas presentados por los imputados, la firma del magistrado a la resolución de marras, solo fue un sello gomígrafo a una investigación carente de todo tipo de objetividad y profesionalidad jurídica.
Las informaciones servidas por el Consorcio Internacional de Periodistas, comprometen al país a profundizar las investigaciones, debiendo en buen derecho partir de cero, con nuevos actores en un proceso de judicial serio, responsable, que no deje lugar a dudas, en el cual no se persiga a personas solamente por motivaciones políticas, sino; en razón del vínculo real que guarde hechos imputados.
El autor es abogado y periodista
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