Donald Trump presentó este martes en su reunión de Gobierno un nuevo proyecto legislativo sobre inmigración en el que la Casa Blanca ha estado trabajando y que, en líneas generales, mantiene el espíritu de lo que ha sido su política en estos dos años de mandato: controles más duros en la frontera y un sistema en el que primen los méritos profesionales del solicitante de visado frente a otros parámetros, como el parentesco. El presidente hizo público el plan en unos días de alta tensión, cuando acaba de anunciar redadas para detener a unos 2.000 sin papeles y protagonizado una grave polémica racista en su ataque a congresistas demócratas de minorías étnicas. El encargado de explicarlo fue su yerno y asesor, Jared Kusher.
El plan es carne de tarea escolar para el verano. El habitual receso de agosto está a punto de comenzar en el Congreso y fuentes de la Administración evitaron detallar cuándo esperan que se presente, aunque cuenta ya con el apoyo de una decena de senadores republicanos como espónsores o promotores. Estaba previsto que el presidente se reúne esta tarde con el líder del partido en la Cámara alta, Mitch McConnell, para diseñar el proceso a seguir con el objetivo de sacarlo adelante.
El texto del proyecto no se había hecho público pasadas las dos de la tarde (hora local de Washington DC), pero, según fuentes de la Administración citadas por NPR, mantiene una de las obsesiones de la política trumpista: limitar la llegada de empleados de baja cualificación, relevando al criterio de los lazos familiares, una medida de calado: dos tercios de los 1,1 millones de las green card o permisos de trabajo concedidos en 2017 en EE UU se solicitaron por familia. El borrador también incluye el programa E-Verify, que permitiría a las empresas acceder a una base de datos para comprobar el estatus legal de sus candidatos a un empleo.
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No hay referencia, sin embargo, a la situación de los más de 10 millones de extranjeros indocumentados que viven en EE UU, más de la mitad, desde hace una década. Así, no hay sobre la mesa un plan para regularizar a los llamados dreamers (soñadores), migrantes que fueron traídos de forma irregular siendo niños y han crecido, estudiado y trabajado como cualquier estadounidense, a veces, sin recordar haber estado jamás en su país de origen. Los demócratas reclaman que se garanticen las protecciones para este colectivo, que el republicano trató de cancelar, pero fue frenado por un tribunal.
Los republicanos mantienen el control del Senado, pero los demócratas se hicieron con la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del pasado noviembre y Trump tendrá que convencer a parte de la oposición para sacar adelante cualquier proyecto de ley migratorio, en un momento de especial crispación.
El presidente ha redoblado su discurso de mano dura en los últimos meses, en plena ola de llegada de familias de Centroamérica que huyen de la miseria y la violencia de sus países. Ha obligado a México, el territorio que atraviesan para llegar a la frontera estadounidense, a aumentar las deportaciones, amenazando con una guerra arancelaria, y ha aprobado nuevas condiciones para la solicitud de asilo que, en la práctica, bloquea la mayor parte de las solicitudes: la mayoría de solicitantes que pasen por otro país antes de llegar a Estados Unidos no tendrán opción de refugio.
