Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- La entrada en vigencia la semana pasada por parte de la República Dominicana de la Ley Fatca, que permitirá identificar los estadounidenses con cuentas en el exterior, ha traído preocupación entre algunos dominicanos en el Alto Manhattan.
Los quisqueyanos, conversando en lugares públicos en presencia de este reportero y pidiendo no ser identificados, sostienen que ellos tienen “algo en RD” pero que ha sido en base al sacrificio y ahorro por muchos años fruto de su trabajo.
“Sí tenemos que pagar impuestos lo pagaremos, pero eso está mal que el gobierno dominicano decirle al gobierno norteamericano cuánto dinero y propiedades tenemos en nuestro propio país”, indicaron en conversación informal con este reportero.
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La entrada en vigor del acuerdo se produce a partir de la nota diplomática emitida el pasado miércoles 17 del presente mes y notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RD al Gobierno de EE.UU.
Impuestos Internos comunicó del Acuerdo Intergubernamental para mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional (IGLA) y poder aplicar la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA), ratificada por el Congreso Nacional.
Las entidades financieras dominicanas deberán identificar las cuentas de personas físicas, jurídicas u otras entidades especializadas como los fideicomisos estadounidenses, para remitir las informaciones pertinentes al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), desglosando sus movimientos, cuentas, recibos y otras operaciones.
En tanto, EE.UU debe remitir al Gobierno dominicano informaciones sobre cuentas de los residentes en RD, mantenidas en instituciones financieras de ese país norteamericano.
También dispone que en caso de que las instituciones financieras dominicanas no remitan las informaciones en el marco del acuerdo, se considerarían no cooperantes y estarían sujetas a una retención de un 30 % sobre todas las transferencias que reciban desde EE.UU, ya sean directas o indirectas.
La Ley FATCA fue aprobada por el Congreso de USA en 2010, para determinar la veracidad de las declaraciones impositivas y las retenciones que apliquen a estadounidenses residentes en el extranjero.
