Aislado políticamente, el gobernador tomó la decisión de dejar el poder tras casi dos semanas de manifestaciones en su contra por la filtración del contenido de un chat en el que él y miembros de su círculo cercano hicieron burlas y comentarios homofóbicos contra opositores. El anuncio estuvo presionado cuando la Legislatura informó que el proceso para su destitución estaba encaminado.
SAN JUAN, Puerto Rico.- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renunció este miércoles tras 12 días de protestas en la calle por el creciente malestar y el rechazo de los puertorriqueños que le exigían la entrega del cargo.
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“Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, he tomado la siguiente decisión: hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto de gobernador, efectivo el 2 de agosto a las 5:00 de la tarde”, dijo Rosselló en un video grabado transmitido por Facebook, a última hora del miércoles.
“Hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure”, dijo Rosselló, quien añadió que en los días siguientes atenderá asuntos “que viabilicen una transición ordenada”.
Según la Constitución de la isla, por el momento Rosselló sería reemplazado por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, ante la ausencia de alguien en el cargo de secretario de Estado.
Tras el anuncio de Rosselló, Vázquez dijo en un comunicado que se trata de la “mejor decisión que pudo tomar, por el bien del país y de su familia, y así se lo comunicamos”.
Rosselló, de 40 años, se vio envuelto en una vorágine política que detonó luego de que el Centro de Periodismo Investigativo publicara 889 páginas de un chat de la aplicación Telegram entre él y miembros de su equipo cercano. Los mensajes estaban colmados de insultos sexistas y homofóbicos contra sus adversarios políticos y figuras públicas.
Y no bastaron las tibias disculpas que expresó el mandatario saliente por el escándalo que generó el chat, ni su oferta del pasado domingo de renunciar a la reelección y a la presidencia del Partido Progresista. La presión popular persistente en su contra durante días y el inicio de su proceso de destitución en la Cámara de Representantes de la isla —anunciado este miércoles— impulsaron su decisión.
La comisión de tres juristas que analizó el chat y presentó el informe encontró en el intercambio cinco delitos, cuatro de ellos de gravedad. Sobre esa base recomendó por unanimidad a la Legislatura que avanzara hacia el residenciamiento de Rosselló. En el reporte que entregaron a la Cámara, reporta el diario El Nuevo Día, concluyeron que Rosselló podría haber malversado fondos públicos, que fue negligente en el cumplimiento de sus deberes y que pudo haber cometido aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.
