Apenas se aliviaba la sociedad dominicana del estrés y la incertidumbre a que la sometieron durante el último año los promotores de la fracasada reforma constitucional para posibilitar una tercera postulación presidencial de Danilo Medina, cuando sólo tres días después se produjo una nueva propuesta dc los dirigentes reformistas Federico Antún y Rogelio Genao, cuyo partido no tomó parte del debate que culminó con la capitulación del mandatario.
Más sorprendente resultó la velocidad con que al día siguiente el expresidente Hipólito Mejía, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, sin esperar una ponderación en su propia organización, se precipitó a respaldar la iniciativa para lo que sería la quinta reforma constitucional en los últimos 25 años.
Tanto la propuesta reformista como el único respaldo significativo comenzaron enumerando temas que podrían ser discutibles, para culminar en lo que parece el objetivo, un salvavida político para que el ciudadano Danilo Medina pueda volver a optar por la presidencia de la República a partir del 2024, es decir con un descanso de 4 años. Se trata de un verdadero absurdo cuando al mismo tiempo ratifican la preferencia por el enunciado de la actual Constitución, cuyo artículo 124 establece que “El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.
Resulta muy difícil entender por qué dirigentes de oposición que dicen compartir y ratificar el modelo de los dos períodos y nunca jamás, proponen que al presidente saliente, que culmina su segundo mandato, y quien acaba de decir que es la fórmula por él también preferida, haya que regalarle que pueda optar por dos períodos más. Tanta generosidad política tiene que generar confusión y ruidos que en nada benefician a los proponentes.
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Tiene razón Participación Ciudadana al advertir que cuando comience la próxima legislatura faltarán apenas 6 semanas para las elecciones primarias del 6 de octubre, y luego de inmediato comenzará una campaña electoral, coyuntura absolutamente inapropiada para el debate de 11 modificaciones constitucionales, todas las cuales meritorias de ponderación y consenso. No hay razón para otra reforma constitucional precipitada. Si procede, debe dejarse al Congreso que será electo dentro de 9 meses, más aún cuando la gran mayoría de los actuales legisladores fueron responsables de la reforma integral del 2010 y de la oportunista del 2015. Lo del costo de las elecciones separadas es un pretexto engaña bobos, porque se sabía, pues así quedaron desde la reforma de 1994, con la diferencia de que era a mitad del período presidencial.
Por fortuna, hasta el momento la propuesta no ha contado con el aval de una sola de las 27 organizaciones políticas reconocidas, ya que Antún y Genao la presentaron sin siquiera buscar el apoyo de un organismo de su Partido Reformista Social Cristiano, varios de cuyos dirigentes ya salieron a rechazarla. Lo mejor que pudiera ocurrirle es que se le deje morir de inanición, por falta de aliento, que no lo merece.
Al presidente Danilo Medina lo que le corresponde es concluir su segundo período con el mayor empeño en alcanzar metas de interés nacional, que tiene por montones, como planteó en el discurso del día 22 cuando desestimó ir más allá de lo establecido en su propia Constitución, la que él promulgó en el 2015. Tal vez porque era consciente del alivio que su decisión produciría en la sociedad dominicana, ni a él se le ocurrió solicitar que le regalaran la posibilidad de optar más tarde por otros 8 años de gobierno.
La República Dominicana necesita ratificar que sus gobernantes tienen un tiempo limitado de ejercicio, para reducir el presidencialismo, el caudillismo y el providencialismo que desde su fundación han castrado el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Cuando se den las condiciones elementales para una ponderada reforma constitucional, debe optarse por mayores requisitos para modificar la temporalidad de los mandatos e instituir el principio de que ningún presidente pueda introducir cambios para su propio beneficio.-
