La lista la encabeza Carmen Lisset Núñez, la fiscal de Monte Cristi, reciente renunciante de su cargo a raíz de un escándalo por implantación de droga en una barbería del municipio Villa Vásquez, se suma a la lista de fiscales y jueces que han renunciado después de iniciadas investigaciones por presuntas faltas graves cometidas durante el ejercicio de sus funciones.
Núñez, quien fue suspendida temporalmente como fiscalizadora de Monte Cristi por el Consejo Superior del Ministerio Público, presentó su formal renuncia al cargo como fiscal de carrera, luego de iniciarse una investigación junto a varios agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por la droga que fue colocada en una barbería.
Ante esta renuncia, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, asegura que esa decisión facilita el eventual proceso penal que pudiera iniciarse en su contra si con las evidencias se establece que tiene comprometida su responsabilidad penal en los hechos.
Además, agrega, ya no habrá que agotar todo el proceso disciplinario previo que establece la ley en estos casos, y que haría más largo el proceso, señalando que la investigación continúa, ya que la renuncia de la fiscal no la detiene, sino que la facilita.
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La suspensión fue dispuesta por el Consejo Superior del Ministerio Público, que en su lugar designó al magistrado Wellington A. Matos Espinal.
Otro fiscal que renunció mientras era investigado por la Inspectoría del Ministerio Público, fue Ysidro Vásquez, acusado de haber recibido, presuntamente, soborno de Nelson Cabral, un imputado por la quiebra del Banco Peravia, mientras investigaba el caso.
Posteriormente, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó Vásquez, alegando que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no pudo demostrar que el funcionario cometió los hechos imputados.
El 22 de enero del 2016, el juez de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ignacio Camacho, impuso arresto domiciliario del exfiscal.
El 29 de marzo de 2017, Awilda Reyes Beltré, quien había sido suspendida como jueza presidente de la Cámara Penal del Distrito Nacional, renunció en medio de un proceso disciplinario que le seguía por presunta prevaricación.
Empero, un mes después de Reyes Beltré haber renunciado a su condición de juez, el Consejo del Poder Judicial emitió una resolución que la destituye e inhabilita durante 5 años.
El 3 de noviembre de 2015, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, comisionó a la Inspectoría General del Poder Judicial para que investigara las irregularidades en contra de la magistrada Reyes Beltré.
El 15 de noviembre del 2015, Francisco Arias Valera renunció como juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo y a su condición de miembro del Consejo del Poder Judicial.
Arias Valera fue vinculado con la magistrada Reyes Beltré, quien puso en libertad al regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís, asociado como cabecilla de una red de sicariato, y quien fue descargado el 13 de marzo de 2018 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conjuntamente con Arsenio Quevedo, un empresario del transporte.
LA ORDEN
DATO
El operativo. Los agentes de la agencia antidrogas y la representante del ministerio público pusieron en práctica el operativo, dirigido hacia la barbería de Villa Vásquez, amparados de la orden judicial 611-1-2019CAUJ- 00808, emitida por la magistrada Javierca Antonia Nuñez Peña.
