Pueblo Dominicano:
El pasado domingo 6 de octubre, más de 2 millones de ciudadanos fueron a ejercer su derecho al voto en las elecciones primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, y cerradas, del Partido Revolucionario Moderno, a los fines de escoger candidatos a cargos de elección popular.
Era la primera vez en toda la historia política electoral de nuestro país en que se escogía un mecanismo de selección de candidatos de esa naturaleza. Pero, en adición a esa novedad, se encontraba el hecho de que también, por vez primera, se utilizaba un sistema de votación electrónico o automatizado, en sustitución del tradicional uso de las papeletas electorales que se depositan en las urnas.
En el mecanismo de votación electrónica o automatizada, cada elector escogía sus candidatos de preferencia tocando una máquina que registraba su votación; y que al final lo validaba con la impresión de un comprobante que se depositaba en la urna.
Como consecuencia de esa realidad, había grandes expectativas e ilusión en el país respecto de sus resultados. Al fin y al cabo, parecía como un nuevo paso hacia un proceso de modernización electoral.
Pero, como era algo enteramente nuevo, la Junta Central Electoral, al aprobar la aplicación del voto automatizado, en reunión realizada el 31 de enero de este año, 2019, sostuvo que sería “puesta en práctica como proyecto piloto… y que a partir de sus resultados podrá sustentarse en las venideras elecciones del año 2020”.
Pero, en realidad, las elecciones primarias simultáneas del pasado 6 de octubre adolecieron de notables vulnerabilidades, inocultables deficiencias y sensibles irregularidades, que afectaron la integridad del proceso electoral.
Según el informe de Participación Ciudadana, se observaron propuestas de compra generalizada de cédulas en el 30% de los recintos.
Pero además de compra masiva de cédulas, hubo un desconocimiento del proceso de votación de parte del 27% de los electores, equivalente a más de 600 mil votantes. Eso revela, de manera preocupante, la falta de capacitación de la ciudadanía acerca del nuevo mecanismo de votación.
Para el 4.5% de los votantes, es decir, para más de 100 mil personas, las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos. Eso, naturalmente, arroja serias dudas sobre la integridad y eficacia del sistema automatizado de votación.
Según el mismo informe de Participación Ciudadana, 4.8% de los comprobantes de votación no coincidían con los candidatos seleccionados por los votantes. Eso representó el equivalente a cerca de 110 mil electores.
Habría que preguntarse: ¿Por qué el funcionamiento de las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos? ¿Acaso alguien en la Junta Central Electoral se ha preocupado por investigar las causas de esa grave revelación?
Hasta donde conocemos, no ha habido información alguna por parte del órgano electoral de que se haya esclarecido tan sombría situación.
Pero, por otro lado, ¿por qué no coincidían los comprobantes de votación con los candidatos seleccionados por los votantes? ¿Acaso no hubo ahí una manipulación en el sistema de votación? Si fue así, ¿lo ha investigado la Junta Central Electoral? Si lo ha investigado, ¿por qué no lo informa? Y si no lo ha investigado, ¿por qué no lo ha hecho?
En todo caso, de las cifras previamente señaladas, estamos hablando del 36% de los votantes, o lo que es igual, a más de 800 mil electores.
La magnitud, gravedad e impacto de esa información publicada por Participación Ciudadana, es de tal grado, que por sí misma resulta suficiente para ocasionar la nulidad de las primarias electorales celebradas el pasado 6 de octubre.
Pero además, hubo ejemplos de mesas donde las horas de transmisión de resultados fueron distintas dependiendo de los candidatos; anomalías en flujo y comportamiento en transmisión de data a partir de las 4pm; y transmisiones manipuladas, de las cuales haremos referencia más adelante.
Pero, a pesar de la dimensión de esas causas de nulidad, el hecho no termina ahí. Sólo el 52% de las mesas de votación cerró a la hora prevista, es decir, a las 4:00pm. En las restantes, se continuó votando hasta altas horas de la noche.
La Junta Central Electoral, sin embargo, de manera irregular, dio a conocer, al mismo tiempo, los resultados de las mesas que ya habían cerrado, situación que no ocurre en ningún lugar del mundo.
Pero hay un hecho que ha llamado poderosamente la atención de los analistas. Al concluir oficialmente el proceso de votación y cerrarse sólo una parte de las mesas, a las 4 de la tarde, e iniciarse la transmisión de resultados, los dos principales precandidatos presidenciales por el Partido de la Liberación Dominicana, mantuvieron una competencia bastante cerrada.
Una hora después, a las 5pm, con cerca de un millón de votos de los 1 millón 800 mil que fueron sufragados, nuestra candidatura tomó la ventaja, y la mantuvo durante hora y media, hasta las 6:30pm.
A esa hora, ya habían votado 1 millón 600 mil electores, equivalente al 90% de los votos computados. Faltaban, por consiguiente, sólo 200 mil electores por ejercer su derecho al sufragio.
En un informe elaborado por el Dr. Irfan Nooruddin, especialista en teoría de probabilidades y estadísticas electorales, de la prestigiosa Universidad de Georgetown, en Washington, DC, y autor del libro Elections In Hard Times (Elecciones en Tiempos Difíciles), se presenta un marcado contraste en las pasadas elecciones primarias abiertas del PLD, entre los resultados obtenidos hasta las 6:30pm, con el 90% de los votos computados; y lo acontecido con el restante 10% de los votos por computar.
Según el análisis del profesor Nooruddin es como si dos elecciones separadas habrían tenido lugar. Una competencia electoral cerrada con nuestra candidatura ganando con el 90% de los votos computados y una ventaja por parte de nuestro competidor en el último tramo del 10% de los votos.
De acuerdo con la investigación del profesor de la Universidad de Georgetown, esta fue una elección cerrada en la cual la mayoría de mesas electorales reflejaron un resultado cercano al 50% para cada uno de los candidatos.
Sin embargo, el estudio revela que el precandidato opositor recibió más del 65% de los votos de manera predominante en mesas electorales que cerraron después de las 6:30pm, dos horas y media después de haberse concluido oficialmente el proceso de votación.
Esas ventajas en esas mesas, que el analista califica como de dominantes, las cuales cerraron a las 6:30pm, fueron las que otorgaron el improbable cambio de tendencia que permitió el resultado final.
De igual manera, en el informe se hace la observación de que hubo una concentración geográfica en una serie de provincias del sur, donde los recintos electorales cerraron tarde.
Entre esas provincias se encuentran las de Pedernales, Independencia, San Juan, Bahoruco, Azua, Barahona y Elías Piña.
El informe en cuestión concluye indicando que el cambio brusco de tendencia operado fue inusual, levantando serias dudas sobre la posibilidad de que ese cambio de tendencia ocurriese de manera natural.
Desde el punto de vista científico, ese tipo de variación de tendencias, con el 90% de los votos computados, resulta altamente cuestionable.
Así lo considera, de igual manera, José Lois Malkún, quien fuera profesor de estadísticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en un artículo publicado en el periódico Hoy bajo el título de Fraude o Milagro.
Ese artículo empieza diciendo que “lo que pasó después de haberse computado el 85% de las mesas electorales fue un fraude o un milagro. Estadísticamente hablando y revisando procesos electorales en otros países, después de computar más del 60% de las mesas, la tendencia del 40% restante prácticamente sigue siendo la misma y si lo cambia lo hace en menos de un 0.5% de los votos”.
El profesor Malkún, continúa diciendo: “¿pero qué resultados vimos faltando apenas el 15% de las mesas por computar? Que la tendencia cambió radicalmente a favor del candidato que perdía por 0.8%, y que terminó superando en la recta final con más del 1% al que estaba ganando. O sea, una variación de casi 2% en sólo un 15% de las mesas restantes.”
Finalmente, el profesor Malkún afirma: “estadísticamente hablando, los resultados de las últimas 1,110 mesas fueron muy diferentes a las primeras 6,268 mesas computadas y eso es difícil de aceptar científicamente”.
Si tanto los profesores especialistas en estadísticas, Irfan Nooruddin y José Lois Malkún coinciden en que lo ocurrido no es posible desde una perspectiva científica, ¿cómo poder explicar lo sucedido?
Para poner en contexto la naturaleza de este absurdo, debemos partir de la premisa que este fue un proceso que de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral, debió de haber tenido lugar entre las 8 de la mañana y las 4 de tarde, para un periodo total de 8 horas de votación, lo cual equivale a 480 minutos.
En consecuencia, para que una mesa de votación generase 480 votos, debió producirse el escenario en el cual dicha mesa se mantuviese, de manera permanente y sin pausa alguna, emitiendo un voto por cada minuto durante las 8 horas completas del proceso electoral.
¿Es eso humanamente posible?
Creemos que no. Pero esa situación, de todas maneras, se presentó en 175 mesas, en las cuales se produjeron 99 mil 353 votos. De esa cantidad, 56 mil 554, que representan un 56.92%, fueron a favor de nuestro contrincante; y sólo 40 mil 267 votos, equivalentes a un 40.52%, a favor de nuestra precandidatura.
A pesar, insisto, de la imposibilidad humana de lo que estamos hablando, eso, incluso, resultó hasta poco, pues hubo casos extremos, en que se presentaron por lo menos 20 mesas de votación, en lugares distantes de la región sur, en las que se emitieron hasta 835 votos.
Es el caso, por ejemplo, de la mesa 6142, en Jaquimeyes, Barahona, con 835 votos, para lo cual se requeriría de 13 horas y 55 minutos de votación continua, sin descanso alguno, partiendo de la idea de que cada ciudadano no podría excederse más de un minuto en realizar todos los pasos del proceso de votación.
De haber sido así, habría que considerar que sin experiencia previa de votación automatizada, Jaquimeyes se convirtió en un caso único, singular, de eficiencia sobrehumana en la realización del certamen electoral.
Pero igual puede decirse de la mesa 5590 en Bohechío, provincia San Juan, con 800 votos, que habría necesitado 13 horas y 20 minutos de votación continua, sin tregua alguna; de la mesa 5825, en el Peñón, Barahona, con 798 votos; en la 5006, en Jimaní, con 790 votos; la 5638, en Mella, Independencia, con 741 votos; las números 1587, 1590 y 1591, todas en Padre las Casas, Azua, con 695, 631 y 715 votos, respectivamente.
Llama la atención de que a pesar de que el promedio de votación a nivel nacional sólo alcanzó el 25%, en estas regiones del sur, de manera extraña y sospechosa, se colocó por encima del 70%.
A esto habría que añadir que la mayor parte de esa votación se produjo desde las 6:30pm hasta cerca de las 2 de la madrugada del día siguiente, cuando el proceso de votación se había cerrado desde las 4pm.
¿Cómo es posible que un proceso electoral que debió durar 8 horas, presente este absurdo? Resulta razonable inferir que al momento del cierre de la votación se permitiera votar a los ciudadanos que se encontraban en fila.
Sin embargo, no resulta comprensible que todavía a las 7 de la noche, tres horas después de concluidas las votaciones, hubiese más de 700 mesas abiertas, la gran mayoría de ellas ubicadas en zonas remotas de la región sur del país.
Más aún, ¿cómo puede explicarse que al momento del cierre de votación en esas mesas estuviesen en fila entre 320 a 640 personas?
¿Cómo resulta posible que todas esas personas que estaban en fila votaran todas en un tiempo exacto de un minuto; y que hicieran esto de forma ininterrumpida durante tres a ocho horas consecutivas?
Igualmente resulta fuera de toda comprensión, que pasada la medianoche, es decir, ocho horas después del cierre, todavía hubiesen mesas electorales abiertas registrando de manera irracional y absurda porcentajes de votación por encima del 90 y 95%, a favor del precandidato del gobierno.
De las 127 mesas con 500 o más votos, el precandidato del gobierno aparece con mayoría en el 70% de las mismas. Sin embargo, en las restantes 7,200 mesas con menos de 500 votos sólo pudo obtener mayoría en el 45% de las mismas.
Siguiendo las tesis de los profesores Nooruddin y Malkún, ese comportamiento electoral no sigue ningún patrón estadístico; y por consiguiente, una muestra de que la mayoría de las mesas con más de 500 votos fueron manipuladas.
Hasta la fecha, nuestro equipo técnico ha detectado la manipulación de 671 mesas, las cuales representan 707 mil 390 electores.
Todos esos son datos adicionales a los de Participación Ciudadana, para que la Junta Central Electoral hubiese declarado la nulidad, a nivel presidencial, del pasado certamen de primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana.
Señoras y Señores:
Para la transmisión de los resultados electorales de las 7,372 mesas en las que se ejerció el derecho al voto, la Junta Central Electoral tomó la decisión de utilizar dos vías o mecanismos de transmisión.
Uno era a través de un modem USB grande, es decir, un dispositivo que codifica información para ser transmitidas sobre un medio particular. Ese modem transmitiría únicamente la información del boletín 0 y la información final, cuando todas las actas de las distintas mesas hubiesen sido generadas. Ese sería llamado Fuente U, que fue el que todos debieron de utilizar, al menos que se hubieses presentado problemas de conectividad.
En caso de problemas, de manera excepcional, se habría de utilizar una segunda vía de comunicación, a través del código QR, que es un código de respuesta rápida que contiene información, la cual puede ser capturada a través de teléfonos móviles y cámaras fotográficas. A través de dicho código, que sería identificado como Fuente Q, se escanearían las actas de votación.
El 88% de las mesas, unas 6,498, se transmitieron por el sistema de Fuente U; y las restantes 875, es decir, el 12% de las mismas, equivalente a 214,563 votos, con el sistema de Fuente Q.
¿Qué revela esto?
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Revela que si la Fuente Q era para ser utilizada excepcionalmente, en caso de dificultades, es evidente que se presentaron incidentes en una mayor cantidad de lo previsto, haciendo más vulnerable el sistema.
Las elecciones primarias abiertas del PLD, realizadas el pasado domingo, 6 de octubre, implicaron un cambio de mecanismo en el sistema de votación, al pasar de un modelo de boleta de papel, que se marca manualmente y se deposita en la urna, a otro de tipo electrónico o automatizado.
Para la realización de este último tipo de votación, una organización del prestigio de IDEA Internacional, ofrece 11 recomendaciones para la ejecución de una buena práctica, que garantice la seguridad, transparencia y confiabilidad de este tipo de sistemas.
Dentro de las 11 recomendaciones claves para la introducción del voto electrónico que sugiere IDEA Internacional, podemos resaltar la número 6, que dice así:
“Los sistemas de voto electrónico deben ser certificados por una agencia independiente y las auditorías deben realizarse a lo largo del proceso para permitir una confirmación independiente de los resultados producidos.
Las certificaciones y auditorías son medidas importantes para la generación de confianza y deben ser transparentes, permitiendo que las partes interesadas tengan acceso a los procedimientos y documentación relacionada.”
La razón de todo esto radica en que según la recomendación número 2 del organismo internacional, el voto electrónico está todavía en proceso de evolución.
De manera más precisa, según IDEA Internacional, “en la actualidad ninguno de los sistemas disponibles es perfecto, y tampoco existe un consenso respecto de cómo sería un sistema perfecto”.
En la República Dominicana, todo parece indicar que nuestras autoridades electorales, a pesar de su experiencia y capacidad, interpretaron al revés las recomendaciones de IDEA Internacional para tener un sistema seguro, confiable y transparente de voto automatizado o electrónico.
Esto así, en razón de que para realizar la puesta en ejecución del nuevo mecanismo electoral de voto automatizado, era imprescindible que los magistrados integrantes de la Junta Central Electoral tomaran en consideración un conjunto de medidas orientadas a garantizar la seguridad y transparencia de dicho mecanismo electoral.
En la misma reunión del 31 de enero de este año, a que hemos hecho referencia, se indica lo que sigue:
“La Junta Central Electoral, frente a los partidos concurrentes a primarias simultáneas, asume el compromiso de efectuar las siguientes acciones: realizar una auditoría al software por una firma auditora externa o por un organismo de credibilidad nacional o internacional, la cual certifique y garantice el correcto funcionamiento de la solución de voto automatizado desarrollado por la Junta Central Electoral”.
En adición a ese compromiso, la Junta Central Electoral asumió la obligación de “garantizar la realización de una auditoría de comprobación del kit (es decir, de todos los equipos que se utilizarían en el proceso de votación) en forma de muestreo durante la logística de preparación de los equipos en las líneas de producción”; así como de “permitir a los partidos políticos la realización de auditorías a las urnas de votación (votos emitidos) el día de las primarias, luego de concluido el proceso de escrutinio a la muestra de los colegios seleccionados de forma aleatoria durante el proceso de embalaje de los equipos”.
Dando seguimiento a los compromisos y obligaciones consignados en la reunión del 31 de enero de este año, el pleno de la Junta Central Electoral volvió a reunirse el 22 de febrero de este año.
En esa nueva reunión, el pleno de la Junta Central Electoral decidió “la contratación de una empresa auditora de renombre internacional a los fines de realizar una auditoría técnica al software desarrollado por la Junta Central Electoral”.
Sin embargo, la auditoría técnica al código fuente del software y a los equipos (hardware), que iban a ser utilizados en la jornada electoral del pasado 6 de octubre, no fue realizada.
Es ahí, precisamente, donde radica el pecado original de todo lo acontecido en las elecciones primarias abiertas del PLD, el pasado 6 de octubre: en no haberse realizado esa auditoría técnica al código fuente del software y a los equipos a ser utilizados en el proceso comicial.
¿Por qué no se hizo la auditoría técnica al código fuente del software y a los equipos a ser utilizados en el proceso comicial, puesto que sin eso no era posible realizar el certamen?
De acuerdo con la propia Junta Central Electoral, porque el Gobierno no aportó los recursos necesarios en el tiempo requerido para hacerlo.
¿Estaba consciente el Gobierno que sin esa auditoría técnica, no había seguridad, transparencia, ni confiabilidad en el proceso?
Por su parte, si la Junta Central Electoral estaba en conocimiento de que ese primer experimento de voto automatizado estaba en riesgo si no se realizaba la referida auditoría técnica, ¿por qué insistió en llevarlo a cabo?
¿Por qué la Junta Central Electoral, en ese momento, no hizo un llamado de alerta señalando la manera en que se vería afectada la integridad electoral si no se realizaba la auditoría técnica y se ponía el código fuente a disposición de los partidos políticos?
Nuestro equipo técnico, consciente de la importancia de la aplicación de las recomendaciones sugeridas por IDEA Internacional, solicitó, en fecha 23 de septiembre, a la Junta Central Electoral nueve medidas, ninguna de las cuales obtuvo respuesta alguna.
Posteriormente, el alto organismo electoral del país, tampoco ofreció ninguna respuesta cuando le inquirimos sobre el paradero de 2,154 equipos que habían sido adquiridos, equivalentes al 20% de la totalidad, pero no tendrían uso en el proceso de las primarias del 6 de octubre.
Ante el silencio preocupante de nuestras autoridades con relación a la realización de la auditoría técnica del código fuente del software y del kit de los equipos electorales, así como de los nueve requerimientos previamente indicados, procedimos, en esas circunstancias, a reclamar lo mínimo: que se contase la totalidad de los votos físicos, para ver si coincidían con los votos emitidos electrónicamente.
En declaración de prensa, el presidente del órgano electoral rechazó esa medida, indicando que su realización tomaría, por lo menos tres meses, lo cual generaría caos.
En su lugar, propuso hacer un conteo aleatorio del 20% de las mesas escrutadas, 10 para el nivel presidencial, y la otra parte restante para los demás niveles.
Ante nuestra insistencia de que entonces, por lo menos, se hiciese un cotejo del 50% de los votos, lo aumentó a tan sólo un 20%.
Obviamente, nuestra petición no consistía en un favor que estuviésemos solicitando. Emanaba de la propia legalidad que rige el funcionamiento de la Junta Central Electoral.
Era, por consiguiente, la ley que establecía como obligación para la Junta Central Electoral ordenar el conteo manual de los votos. Sin embargo, se opuso para posteriormente proceder a un conteo que ya no correspondía porque se había roto la cadena de custodia de la prueba; y además, porque no es legalmente tarea de la Junta Central Electoral contar los votos emitidos en un proceso electoral. Eso le corresponde a los funcionarios de las mesas electorales y en su defecto a los miembros de las Juntas Municipales.
No perdemos de vista que la realización de un proceso electoral por vía del voto electrónico o automatizado es más complejo que simplemente hacer coincidir los votos electrónicos con los votos físicos.
Esto así, debido a que las mayores vulnerabilidades del voto electrónico o automatizado están asociadas a la posibilidad de que el programa informático que regula el funcionamiento del sistema de votación sea manipulado con la finalidad de favorecer a un determinando candidato vulnerando así la voluntad del elector.
Del mismo modo, es posible que mediante la introducción de un dispositivo externo (por ejemplo memoria USB) en el equipo de votación se distorsione el funcionamiento del software o programa informático para producir un resultado distinto al que reflejó la voluntad popular.
Igualmente, puede producirse una alteración de la voluntad popular mediante ataques o interferencias en el sistema de transmisión de los datos con la finalidad de distorsionar el acta digital en la que se recoge el resultado final de la votación de una determinada mesa electoral.
Señoras y Señores:
Luego de las explicaciones que les he presentado, me permito afirmar, categóricamente, que durante la realización del pasado proceso electoral de primarias abiertas, a nivel presidencial, del Partido de la Liberación Dominicana, se orquestó un plan con el deliberado propósito de vulnerar sus resultados y presentar como ganador a quien no obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo dominicano.
De acuerdo con informaciones que me han sido suministradas, ese plan funesto empezó a materializarse desde el pasado mes de julio, cuando se produjo un incendio en la parte trasera de la sede central de la Junta Central Electoral.
En el lugar funcionaba la Unidad de Inspectoría, la imprenta y tres áreas de soporte de informática que tenían que ver con documentación, redes y soporte técnico. Al lugar, conforme lo recoge la prensa, se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos, personal del 911 y del Ministerio de Obras Públicas.
El motivo del incendio en los almacenes que contenían viejos equipos, según revelan las fuentes, era el de disponer de una excusa para acceder a verificar si los equipos nuevos, los cuales servirían para las elecciones primarias que acaban de efectuarse, habían sufrido daños a causa del siniestro.
Pero la intención verdadera de la acción era la de obtener las llaves criptográficas de validación de interconexión de los equipos de votación. En forma concreta, el acceso a los módems USB, para de esa manera interceptar la información o la data que se transmitiría a la hora del cierre de las mesas de votación.
Se intentaba capturar la información de los votantes. Esto así, con dos propósitos. Primero, el de recibir la información de cierre de las mesas y transmitirla con alternaciones en la data o información; y segundo, para crear una base de datos de toda la información interceptada, con los nombres y apellidos de los votantes, cédula de identidad y electoral, hora específica en la que ejercieron el sufragio y el recinto donde se produjo la votación.
Si bien el primer objetivo del plan era el de provocar la alteración de resultados, como hemos dicho, el segundo implicaba la vulneración de las urnas, en caso de que se produjese un conteo manual de los votos emitidos por las maquinas de votación.
Las aplicaciones del código QR fueron vulneradas en su aspecto interno y externo en su recepción de la data hacia los servidores de la Junta Central Electoral.
Esto último quiere decir que esa data fue fragmentada en varias transmisiones, las cuales fueron hechas en tiempo real, como en rueda de prensa explicase recientemente el compañero ingeniero César Fernández.
Esa transmisión fragmentada de la data ocasionó que la misma fuese recibida también en bloques fragmentados, a medida que los interceptores pudieron consolidar los datos y por medio de su programación, construir una nueva estructura de datos favorable al precandidato del gobierno.
Como consecuencia de esas acciones de fragmentación de transmisión de la data, 875 mesas electorales fueron afectadas, lo que representa el 12% de la totalidad de las mesas, que fueron las que finalmente, como hemos dicho, produjeron el cambio inusual, que no encuentra explicación como acción humana.
Según nuestras fuentes, en las acciones delictivas que condujeron al fraude electoral cometido el pasado domingo, 6 de octubre, en las elecciones primarias abiertas del PLD, actuaron varios frentes.
Un primero que se registra desde un hotel ubicado en la zona turística de Punta Cana, pero que realmente operó desde un punto, que podemos ubicar con precisión, de la Carretera del Coral. Ese grupo interceptaba, alteraba y transmitía la información adulterada a la Junta Central Electoral.
Un segundo frente estuvo operando en el cuadrante comprendido ente la avenida Abraham Lincoln y las avenidas Charles Sumner, hacia el norte; y José Amado Soler, hacia el sur. Desde ese perímetro se registró durante el día del pasado domingo, 6 de octubre, un desacostumbrado y sospechoso volumen de transmisión de data dirigido hacia los servidores de la Junta Central Electoral.
El tercer frente funcionó desde una villa de Casa de Campo, en La Romana, bajo la dirección de un reconocido hacker, de nacionalidad india, autor de varios manuales sobre cómo realizar esas prácticas delictivas.
Conocemos con precisión el lugar exacto desde donde se perpetró este hecho y la identidad precisa de este siniestro personaje, así como de sus socios en la República Dominicana; y estamos dispuestos a revelar sus nombres a quienes vayan a realizar la auditoria técnico forense con acompañamiento de los Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), a los fines de que sean investigados, establecer sus responsabilidades y conducidos a la justicia.
A pesar de nosotros haber solicitado al Tribunal Superior Electoral una suspensión del conteo de los votos, hasta tanto la Junta Central Electoral lleve a cabo la auditoria técnico forense que por escrito le hemos solicitado, el órgano electoral procedió, sin embargo, al cómputo final de los votos y a la proclamación del precandidato del gobierno como ganador de los comicios abiertos del pasado 6 de octubre.
Eso, a nuestro juicio, constituye un error. Esa acción ha creado la impresión de que se quería poner fin, rápidamente, a todo cuestionamiento de lo que aconteció en el proceso electoral del pasado domingo, 6 de octubre.
Pero ha sido un error, además, por haberse realizado sin que previamente se haya conocido de la auditoría técnico forense, que hemos solicitado.
Ha pasado una semana desde que ese crimen ocurrió. Cada día que transcurre representa una oportunidad para continuar borrando las huellas de ese hecho delictivo.
Nuestra lucha no es por una candidatura presidencial. Nuestra lucha es por devolverle dignidad a la política. Es por el fortalecimiento de nuestras instituciones. Es por la consolidación del Estado de Derecho. Es por el respeto a la Constitución.
Nuestra lucha es, sobre todo, por la supervivencia de la democracia en la República Dominicana.
Convoco para mañana lunes, 14 de octubre, a todos los hombres y mujeres patriotas que así lo deseen, a acudir a una manifestación pacífica ante la Junta Central Electoral para exigir que se investigue a plenitud e inmediatamente este crimen bochornoso que ha enlutado a la Republica y ha indignado a la inmensa mayoría del pueblo dominicano.
Será en el transcurso de los próximos días cuando haré referencia a la situación que actualmente concierne al Partido de la Liberación Dominicano.
Muchas gracias.
Buenas noches.
