Nelson Luciano
La contratación por parte de la Junta Central Electoral de una firma internacional mal reputada, para realizar las auditorías del voto automatizado, es un hecho que oscurece aún más el pasado proceso de primarias del Partido de la Liberación Dominicana, le da la razón a los reclamantes de fraude, y crea más dudas sobre la integridad de los miembros de la Junta Central Electoral.
En un momento en el que el debate se ha centrado en que si hubo o no fraude en las primarias del PLD, resulta paradójico que la JCE haya elegido una empresa de esas características para hacer el experticio de los sistemas y equipos usados en un proceso tan discutido, que ha tenido como consecuencia la división del partido político en el poder y a creado la incertidumbre sobre el método de votación que se usará en el 2020.
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Esa forma de decidir de la junta y su falta de independencia, es lo que la mantiene en camino equivocado y lo que ha hecho que la gran mayoría del pueblo dominicano no confíe en ese organismo del gobierno encargado de organizar y dirigir los procesos electorales. Lo idóneo o transparente hubiera sido, que se buscara
el concurso de las partes envueltas para la elegir una opción, por aquello de que, el que “nada debe, nada teme”.
El Partido Revolucionario Moderno como puntero en las encuestas y toda la oposición, deben fijar su posición en torno a la elección de Deloitte y estar atentos y actuar en consecuencias ante cualquier paso o decisión que surja del órgano electoral. Actuar con indiferencia en esta circunstancia, es error político que pone en juego el estado de derecho.
Por último, la junta central electoral está en la obligación de explicarle al País las razones y métodos usados para elegir una empresa inapropiada como Deloitte, y si se trató de un desacierto, rescindir dicho contrato, pero si por el contrario continúa con la firma, habría que asumir que lo que persigue con Deloitte, es validar como bueno, un plan piloto lleno de incongruencias y de paso imponer el voto electrónico, sistema vulnerable y rechazado por la mayoría de países desarrollados.
