Por Raúl Mejía Santos
Jean Alain Rodríguez, nuestro flamante y notorio Procurador General, carece de credibilidad ante los ojos de una ciudadanía que cada día confía menos en las autoridades del gobierno de turno. Este sujeto llega a la palestra de manos del Presidente Danilo Medina durante su primer mandato, gozando de plena confianza durante su gobierno.
Fuera de ser íntimo del Jefe, en realidad el joven Procurador General carece de reconocidos méritos profesionales como jurista que le hayan merecido tan excelsa distinción por dos periodos consecutivos, primero como Director del Centro de Exportación e Inversión y luego amo y dueño del Ministerio Público. Llama poderosamente la atención que funcionarios van y vienen, son destituidos o reasignados, menos el Jean Alain.
Presumo que le aventaja ser un activo político incondicional de Danilo Medina y la escuadra que le acompaña en el Palacio Nacional, gobernando a su antojo personal sin atender los temas apremiantes de estado que ameritan solución. Desde el púlpito utiliza los recursos a su disposición como jefe del Ministerio Público, mollero de su función, para perseguir a notables ciudadanos, periodistas y comunicadores, convirtiéndose en el brazo opresor de quienes pretenden mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso vulnerando la voluntad popular del pueblo dominicano.
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El caso más reciente es la desvergonzada persecución y cizaña que ha desatado este señor contra el periodista y comunicador Marino Zapete, hombre probo de nuestros tiempos. El problema de Marino Zapete es que no se vende, no anda detrás de dádivas propias de alinearse con el poder. Congraciarse con allegados al Presidente no le añade a su rol como periodista y comunicador, esa realidad lo convierte en blanco fácil y apetecible de quienes tienen como oficio abusar de la facultades que ostentan.
Tal parece que dañar reputaciones es la tarea principal de Jean Alain Rodríguez, ser paladín de la verdad y justicia no le ocupa ni le concierne. La mendacidad de su carácter y ejecutorias facinerosas son evidentes, solo los cuestionamientos sobre su patrimonio personal sin justificación aparente levantan ávidas sospechas. Sin querer deslucir la práctica legal en República Dominicana podemos expresar, sin temor a equivocarnos, que son muchos los buenos juristas que no alcanzan tan siquiera ínfima parte de la fortuna material de este sujeto, el Jean Alain.
Su patrimonio solo compara con un aristócrata criollo de procedencia desconocida. Sus inicios remontan a la corta estancia como fiscal auxiliar del Distrito Nacional poco más de tres décadas, pasando a ser actualmente uno de los funcionarios más acaudalados del gobierno. Nadie conoce sus dotes de jurista, empresario o comerciante que le justifique tan sorprendente riqueza.
De lo que estamos seguros es que ha utilizado la función pública para encubrir, apadrinar y entorpecer la justicia que merecemos los dominicanos, contrario al deber que le atribuyen la Constitución y la normativa legal vigente. Su proceder en el caso Odebrecht, por ejemplo, encartando penalmente sólo a quienes fueran adversarios del Danilismo dentro del partido de gobierno, pone de manifiesto donde ubica su lealtad. Manipuló la opinión pública para favorecer un discurso oficialista propio de una comedia barata de mal gusto, ignorando serios indicios evidenciarios y testimonial que apuntan a la complicidad de otras notables figuras del PLD en el caso de corrupción más grande visto en la historia moderna. Y ni hablemos del Abusador.
¿Alguien en su sano juicio le cree a este señor? Yo no.
