El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó ayer diez propuestas a la Junta Central Electoral (JCE) para lograr unas elecciones municipales “transparentes y con respeto al ejercicio democrático” el próximo 15 de marzo.
Precisa que hace la petición fiel a su tradición de defensa a las normas democráticas y en sintonía con la juventud y los ciudadanos que reclaman en las calles su derecho a unas elecciones libres y transparentes.
La primera propuesta es el cumplimiento irrestricto del Gobierno de las normas legales que prohíben el uso de los recursos del Estado en la campaña, la propaganda electoral oficial y el proselitismo de los funcionarios.
Recomienda, además, la estricta prohibición de todo tipo de proselitismo electoral de los partidos hasta el 15 de marzo, para así contribuir a la tranquilidad y la equidad entre todos los candidatos en este período extraordinario.
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En otros puntos dice que la JCE no deberá tomar decisiones unilaterales respecto a las elecciones municipales, presidenciales y congresuales, sin consultar a los partidos y a la sociedad civil que trabaja la temática; y solicita que haya difusión pública de todas las medidas decididas y en ejecución por parte de la JCE, los partidos y el Gobierno, antes del 10 de marzo.
Por otro lado, pide que los resultados del 15 de marzo sean determinados y ofrecidos por las juntas electorales municipales; y que haya una entrega inmediata por los partidos políticos del informe de ingresos y egresos de 2019 y en abril el reporte del 2020.
Además, que la OEA, IFES y UNIORE mantengan la transparencia e imparcialidad en su investigación de lo sucedido el 16 de febrero y sus hallazgos sean presentados a la sociedad.
Otra propuesta es que los partidos y la JCE brinden las más amplias garantías para el trabajo de los observadores nacionales e internacionales acreditados.
Finalmente, agrega que el pacto sugerido por diferentes sectores sea discutido sin exclusiones de partes interesadas y en un plano de igualdad entre todos los actores políticos y sociales interesados; que tenga como agenda la legalidad y diafanidad de los procesos electorales pendientes, incluyendo el tema de los delitos electorales y la selección por consenso del Procurador Electoral Especial, y que no dependa de mediadores de excepción, sino de la voluntad de los actores y de un protocolo de adopción y ejecución firmado entre todos los actores del sistema.
