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Opiniones

incompetencia e impertinencia que CES propicie diálogo político

Guillermo Caram, es economista y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Reside en Santo Domingo

El CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) es un organismo creado mediante el Art.251 de la Constitución de la República como “un instrumento para…la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad…” La parte in fine del citado Artículo define el CES como un “órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral”.

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Se concluye por el texto constitucional que ese CONSEJO:
  1. No tiene competencia para dilucidar materia político-electoral
  2. No está previsto que los partidos políticos formen parte integrante de su membresía
  3. Sus deliberaciones consultivas han de ser sometidas al gobierno, parte protagónica de la ya crisis politica electoral que estamos viviendo.
  4. Refuerza esta dependencia el hecho que su funcionamiento es financiado con fondos públicos consignados por la Dirección de Presupuesto, dependencia del Ministerio de Hacienda cuyo titular es designado por el Presidente de la República
  5. Al ser consultiva no está llamada a actuar bajo situaciones de emergencia que reclaman urgencia como es la presente crisis conminada por plazos perentorios; sino a situaciones ordinariamente sosegadas
  6. Sus ejecutorias durante el presente gobierno dejan mucho como se demuestra a continuación:
  • No se puede citar un solo caso específico de algún conflicto que él CES haya resuelto durante la presente gestión gubernamental. Si no fue eficaz en lo poco, en situaciones particulares conflictivas, no lo podrá ser en lo mucho que constituye la política
  • Cuando se quiso evaluar las licitaciones sobre Punta Catalina, el CES no fue apoderado formalmente de este caso social, específico, no urgente; sino que se designó una comisión ad-hoy para evaluarla presidida, a título personal, por el Pte del CES y cuyo dictamen frustró expectativas
  • Bajo el CES se discutió el pacto fiscal en 2012 que abortó cuando el gobierno se retiró al no querer discutir los gastos sino sólo los impuestos, sin que él CES pudiera sacudirse de su dependencia gubernamental reteniendo a los funcionarios ni para doblegar su voracidad; evidenciando una sumisión que no ha superado y que haría inútil las deliberaciones presentes
  • El pacto eléctrico que discutió por meses, por irse por las ramas, no se llegó a firmar, dejándose vencer por intereses particulares de instancias participantes del negocio eléctrico.
  • El Pacto Educativo, concertado con la sociedad fuera del CES, ha sido objeto de reclamos de revisión para mejorar la calidad educación, sin que él CES se diera por aludido a pesar que la ley 1-12 especifica responsabilidades al efecto.