Por Guillermo Caram
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El Panorama Nacional:
Las crisis generan oportunidades. La Pandemia ha provocado una crisis que tiene un componente sanitario aparejado con un componente económico, íntima y consustancialmente interrelacionado, nacional y mundialmente.
Los daños a la salud y las medidas sanitarias, tienden a afectar la producción y el empleo. La gente consume lo estrictamente indispensable como alimentos y medicinas, reduciéndose la demanda de otros renglones y en consecuencia, repercute recicladamente en la producción y el empleo.
El Ministerio de Trabajo de la nación ha informado que cerca de la tercera parte (33%) de los trabajadores formales han sido objeto de acciones de cesantía por parte de los empleadores. Teniendo en cuenta que 57% de los puestos de trabajo son informales- jornaleros, chiriperos, negocios propios, entre otros – significa que el 90% de los empleos han quedado afectado por la Pandemia.
¿Qué tan factible y eficaz es una cuarentena para combatir la pandemia cuando un alto porcentaje de la población afectada por desempleo necesita salir a la calle a buscar el ingreso para el pan nuestro de cada día para su mesa familiar y llenar los estómagos de su familia?
Resulta imperativo, para garantizar el éxito de la administración de la crisis sanitaria y para evitar crisis económicas con consecuencias sociales y políticas peores que la de la pandemia, comenzar a programar de inmediato en la mayor normalización posible de nuestra economía; teniendo como norte evitar aglomeraciones y viabilizar el distanciamiento entre personas.
II. Nuestra estructura económica está estremecida.
Solo se ha salvado la agropecuaria que produce alimentos y materias primas y es menos susceptible a aglomeraciones y factible de aplicar distanciamiento social. Y los servicios que pueden seguir operando auxiliados por la tecnológica moderna: comunicaciones, bancos, seguros, etc.
El turismo; hoteles, restaurantes, espectáculos, eventos, cruceros, y muchos otros, han colapsado.
La industria; incluyendo las zonas francas, impedida por las aglomeraciones de trabajadores.
La minería; afectada por la disminución de la demanda mundial.
Las construcciones se han paralizado.
El transporte reducido a su mínima expresión por las cuarentenas y toques de queda.
El consumo de energía y combustible; consecuente de disminución de producción y transporte, ha desplomado los precios; arrastrando consigo recaudaciones fiscales.
Ante este panorama, la respuesta oficial ha sido ampliar los programas sociales, tributarias y financieras a sus tarjeta-habientes y empresas.
III. La respuesta oficial
Con excepción de las facilidades tributarias y monetarias, la respuesta oficial ha sido poner en vigencia un programa de asistencia a empleados de empresas que han tenido dificultades para seguir operando sea por la pandemia misma o por las medidas sanitarias adoptadas para enfrentarla, para evitar la aglomeración y el distanciamiento social, mediante transferencias monetarias.
Este programa tiene una duración definida de 60 días y no parece sostenible puesto que incrementa gastos para combatir la pandemia adicionales a los ya elevados preexistentes que generaron una fiscalidad endémicamente deficitaria, sin reservas. Piénsese tan sólo en el mayor gasto que genera combatir la pandemia -ej:en agua para lavarse las manos con jabón.
La reducción del empleo, consumo y producción, tiende a mermar recaudaciones. Adicionalmente, se han otorgado facilidades tributarias para las empresas afectadas. Ya se ha estimado que sólo en el mes de marzo las recaudaciones cayeron cerca de la mitad del mismo mes del año pasado.
Financiar mayores gastos con menores ingresos, sin haber previsto reservas, constituye una tentación para financiarse con emisiones monetarias del Banco Central, acarreando devaluación del peso dominicano e inflación perjudicial para las familias y la economía; agregándose un componente adicional a la crisis. Igual consideración merece la sostenibilidad de la ampliación de los programas asistenciales del gobierno.
Con respecto a las facilidades financieras otorgadas por el gobierno y el Banco Central, resulta pertinente una estrecha vigilancia, ya que ciudadanos y empresas han manifestado quejas de que no han sido cumplidas. Un ejemplo de esto es la reducción de tasas de interés.
IV. Rediseño de la economía
Observamos un énfasis en el accionar gubernamental en su tradicional línea asistencialista, insostenible y riesgosa; sin que observemos un accionar proporcional para normalizar el aparato productivo.
Se impone procurar que nuestras actividades económicas vuelvan a producir y a generar empleos para que no sea necesario seguir recurriendo al asistencialismo gubernamental, potencialmente traducible a clientelismo político, sea vía la ampliación de los programas sociales o la prolongación de la cesantía.
Se impone proteger la agropecuaria para que no colapse como otras actividades productivas, garantizando transportación y mercado hacia los centros mayoristas y minoristas de comercialización.
Se impone encontrar modelos de producción industrial que eviten aglomeraciones y garanticen distanciamiento social, transfiriendo partes de producción a residencias, organizando turnos de trabajo, rediseñando horarios, etc
Se impone lo propio para nuestras zonas francas, y/o aprovechar sus instalaciones para satisfacer más necesidades locales; especialmente almacenes y comedores.
¿Insertar más las zonas francas a la economía internar y/o convertir todas las industrias nacionales en zonas francas?
Se impone procurar que nuestros hoteles reconviertan sus instalaciones habitacionales y cocinas para otros fines sin perder capacidad de restablecer sus operaciones turísticas.
Se impone métodos y técnicas de construcción como las contenidas en el protocolo preparado por ACOPROVI.
Todo ello implica un rediseño de nuestra ingeniería de producción en nuestras organizaciones empresariales.
V. Cogestión y Concertación, Público y Privada.
Todas las decisiones hasta ahora tomadas para combatir la pandemia han sido unilateralmente adoptadas por el gobierno, sin considerar el potencial de cooperación y aportación de los particulares, a nuestro juicio indispensables para la normalización económica.
Ni siquiera para las medidas sanitarias han sido consultadas con sectores particulares como establece la legislación dominicana a través del Consejo Nacional de Salud, mediante el art. 15 de la Ley No. 42-01 General de Salud, definido como “la expresión nacional de la cogestión…y espacio de concertación…en la formulación de la política de salud…” Aplicarla, hubiera evitado discrepancias y conformaciones observadas con médicos y clínicas privadas, puesto que tanto el CMD como la ANDECLIP forman parte del Consejo.
No hemos visto una convocatoria a protagonistas particulares. Mientras tanto, empresas como supermercados, comunicaciones y servicios financieros, se la han ingeniado para seguir operando; nuevas iniciativas han surgido como de servicios de compras, empresas privadas han anunciado donaciones multimillonarias, personas están fabricando mascarillas, comunidades como Ocoa y Elias Piña se han auto impuesto medidas de preservación etc.
Todas estas iniciativas evidencian el potencial de cooperación de los dominicanos, que el gobierno debe considerar ya que no visualizamos que tiene capacidad para encarar sólo la enorme magnitud de la pandemia y sus consecuencias
VI. Programar la Normalización de la Economía.
En consecuencia con lo anterior, proponemos que desde ahora, antes del vencimiento del programa FASE, como complemento de las medidas sanitarias, tributarias y financieras adoptadas por el gobierno, y para evitar una crisis económica con consecuencias peores que las sanitarias, que:
1. Se formule un pronunciamiento político del más alto nivel llamando a las fuerzas activas de la nación a Normalizar el funcionamiento de la economía efectuando la ingeniería de producción y distribución compatibles con las normativas de preservación sanitaria; contentivos de protocolos para evitar aglomeraciones, prevención de distanciamientos, equipamientos, etc.
2. Solicitar de las empresas acogidas al programa FASE la presentación, en un plazo de 30 días, de planes de reactivación empresarial conteniendo estas previsiones.
3. Solicitar a las asociaciones de industrias, zonas francas, comercios, transportes, turísticas, etc; la elaboración, en consulta con sus asociados, de propuestas operacionales específicas y detalladas para normalizar su producción en base a dificultades que sus asociados hayan identificado, incluyendo modelos de protocolos a ser acogidas por sus miembros.
4. Crear una comisión de seguimiento, tipo las veedurías, constituidos por funcionarios públicos y representativos particulares para que supervisen el fiel cumplimiento de las facilidades tributarias y financieras, y las propuestas de reingenieria para la producción identificadas en el contexto de estas recomendaciones
5. Establecimiento de un Portal electrónico específicamente para recoger iniciativas ciudadanas y empresariales sobre cómo mejorar la ingeniería de producción para normalizar el funcionamiento económico; pudiendo además servir para recoger denuncias sobre incumplimiento de disposiciones. Un ejemplo de ello es un debate observado en redes sociales de tweet en relación a una propuesta de que los fondos de pensiones presten, siguiendo la modalidad REPOS adoptada por el Banco Central, a ahorrantes para establecer negocios propios.
6. Creación de un FONDO para financiar las empresas de manera que puedan implementar tanto sus programas de Reingenieria como de Reconversión.
