Por Raúl Mejía Santos
A propósito del fallido proceso electoral del pasado 16 de febrero, las expresiones del embajador Roger Noriega son impactantes. La prudencia y discreción propios del ejercicio diplomático no impidieron contundentes revelaciones sobre los acontecimientos de ese fatídico domingo. Peor aún, considerando que se malogró el sufragio popular de los dominicanos en el mes de la patria.
No se trata de un novato de la diplomacia norteamericana, fue viceministro para asuntos hemisféricos en el Departamento de Estado y embajador ante la Organización de Estados Americanos durante la incumbencia del expresidente George W. Bush. Experiencia le sobra.
Sus aseveraciones sobre el tema arrojan claridad, confirman la versión que conocíamos. El gobierno y el candidato oficialista conspiraron para sabotear el proceso electoral del 16 de febrero y acusar a la oposición política, siendo su objetivo la figura de Luis Abinader.
El pueblo sabe cómo manejan las cosas Danilo Medina, el PLD y su candidato, Gonzalo Castillo. Tratos turbios, mentiras, manipulación, corrupción e impunidad son prácticas comunes entre ellos. Pocos se aventuran a creer la versión oficial de los acontecimientos de ese trágico día, cuando el país vio frustrada su intención de ejercer el más sagrado de los derechos ciudadanos: el voto.
El entramado implicando a la tentativa fraudulenta, orquestada por el oficialismo, al técnico Manuel Regalado Martínez, torturado por la Policía Nacional, más al coronel Ramón Guzmán Peralta, tenía un libreto bien articulado. Era casi perfecto, el oficial hacía de escolta del candidato presidencial del PRM. Intentar atarlo a la trama creaba sospecha, pensaron que tendría un efecto inmediato sobre los índices de simpatía electoral que le favorecen.
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El único propósito de la conspiración fue manchar la inmaculada imagen de Luis Abinader, deslucir su persona y restarle credibilidad ante la opinión pública. Es razonable figurar el frenesí que provoca salir del poder, esa es un indiscutible realidad entre quienes ostentan riquezas y una vida lujosa en un país con tantas necesidades. Largos han sido los años del putrefacto poderío peledeista, salir del Palacio Nacional les aterra.
Las bocinas favorecidas con fondos públicos tomaron el balón, rápido apuntaron sus ponzoñas hacia el candidato opositor. Seguían la misma narrativa, hacían conjeturas parecidas y vertían expresiones simpáticas para exculpar a los verdaderos responsables de la trama. Ese comportamiento concertado, difamatorio, gansteril, es propio de una corporación delictiva.
El gobierno del PLD y su candidato actúan como la mafia siciliana. Dedican sus esfuerzos al crimen organizado de estado, piensan que República Dominicana es su patrimonio y les cobija la injusticia, e impunidad promovida desde las instituciones públicas. La vida holgada y suntuosa que ostentan los miembros del Comité Político, clan bienaventurado desde 1996 cuando por primera vez llegaron al poder, se distancia abismalmente del humilde origen social de la curia peledeista.
A falta de instituciones verticales y comprometidas con la ética gubernamental, a falta de un ministerio público independiente, capaz de encauzar los delitos cometidos en el ejercicio del poder, con todo un aparato a favor del clientelismo político y sin rendir cuentas, el partido de gobierno y su candidato propician el peor de los escenarios.
Fabricar una crisis electoral, malintencionada, descabellada, es un crimen de estado. Aquellos que juran defender la constitución, la ley, la moral y el orden público son quienes violentan su mandato, pretenden manchar a los demás y confundir al pueblo.
Es indispensable llevarles el mensaje… ¡SE VAN!
