Fiscales de Estados Unidos investigan a la petrolera estatal venezolana Pdvsa (Petróleos de Venezuela) por las supuestas prácticas corruptas en las que habrían incurrido sus más altos ejecutivos, como el cobro de sobornos y el uso de cuentas corporativas para lavado de dinero procedente del narcotráfico y la especulación cambiaria en el mercado negro. Así lo revela un reportaje publicado por el diario The Wall Street Journal.
De acuerdo a la publicación del diario, que cita a “tres personas familiarizadas con el tema”, en febrero de este año investigadores de cuatro jurisdicciones federales norteamericanas —los estados de Texas, Nueva York y Missouri, junto al distrito de Washington DC— intercambiaron información y coordinaron acciones para adelantar las indagaciones en marcha contra las autoridades corporativas de Pdvsa. Los casos se encuentran todavía en fase de investigación y podrían desembocar en acusaciones concretas.
Los señalamientos apuntan sobre todo a la administración del expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, quien de 2004 a 2014 ocupó de manera simultánea la cartera del ministerio de Energía y Petróleo y la presidencia de la petrolera, una de las mayores empresas de América Latina y financista de los programas de asistencia social y cooperación internacional del gobierno chavista.
Ramírez es hoy y desde 2014 embajador de Venezuela ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Durante su gestión al frente de la petrolera, relata The Wall Street Journal, Ramírez —hijo de un ex guerrillero izquierdista de los años sesenta y familiar de Ilich Ramírez Sánchez, El Chacal—, aprovechó su posición para amasar una inmensa fortuna. De carácter reservado y militante revolucionario, no pareció encontrar inconsistencias entre esos rasgos y sus refinado gusto por botellas de vinos que cuestan miles de dólares.
En el esquema de cobro de comisiones diseñado por Ramírez jugaron roles principales su primo Diego Salazar y su cuñado Baldo Sansó. Aunque ninguno de los dos detentaba un cargo oficial en Pdvsa, ambos ejercían como emisarios de Ramírez en las negociaciones con proveedores y contratistas.
Según el reportaje, el descalabro de la Banca Privat D’Andorra a principios de este año —acusada de irregularidades por la Red contra Ilícitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro norteamericano—, y la subsiguiente intervención de su filial en España, Banco Madrid, ofrecieron una oportunidad inmejorable para radiografiar el esquema de corrupción. De acuerdo a la investigación, ambas entidades sirvieron para canalizar el pago de sobornos y utilidades encubiertas a los ejecutivos de Pdvsa y sus cómplices.
Estados Unidos cesó las actividades de la Banca Privat D’Andorra en su territorio en marzo pasado, bajo la sospecha de que las irregularidades del banco podrían afectar el sistema financiero norteamericano. Pdvsa, que colocaba sus acciones en la Bolsa de Nueva York y hasta 2008 reportó a la Comisión Nacional de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), aún mantiene cuantiosas inversiones en Estados Unidos, incluyendo la propiedad de la empresa de refinación y distribución Citgo.
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Tomado de El Pais
