Santo Domingo, RD.’ El ejercicio del derecho al voto en el exterior se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda electoral en la actualidad. El debate que se ha originado ha puesto de relieve los niveles de indefinición que prevalecen y que afecta directamente a la diáspora dominicana que se encuentra confusa acerca de si efectivamente podrá escoger a sus candidatos favoritos, tanto para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, como a sus representantes ante el Congreso Nacional.
Esta indefinición debe ser resuelta a la mayor brevedad posible porque es un indicador importante de la calidad de la democracia dominicana. La Junta Central Electoral, comoórgano rector del sistema electoral, debe definir los presupuestos para la ejecución de este derecho constitucional.
Ciertamente, a raíz de la delicada situación que ha generado la pandemia del coronavirus (COVID-19), se mantiene una suerte de incertidumbre desde los Estados donde residen los dominicanos en el exterior, acerca de si permitirán o no las votaciones en sus territorios el próximo 5 de julio, fecha de las elecciones presidenciales y congresuales.
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Desde FINJUS reiteramos que resulta esencialmente importante que la Junta Central Electoral, en tanto órgano rector, encamine susesfuerzos, de la mano de los enlaces diplomáticos, para planificar la logística de la celebración del voto en el exterior, tomando en consideración los diversos escenarios que pueden presentarse, que van desde la celebración de las elecciones en esos países con ciertas restricciones hasta una imposibilidad material a causa de los efectos de la pandemia.
La sociedad dominicana está cada vez más consciente de que no se puede esperar a que se acerque la fecha fijada de las elecciones sin haber preparado lo requerido para el sufragio del voto en el exterior. La Constitución Dominicana establece en su artículo 21 que las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.
Es cierto que el combate a la pandemia que actualmente vive el mundo entero y nuestro país,requiere de un esfuerzo que no encuentra todas las respuestas en el limitado contenido de las leyes, por lo que es esencial que dentro del marco constitucional y legal que nos rige, se busquen las alternativas que permita que cuestiones tan relevantes como la participación y ejercicio de los derechos políticos de la diáspora dominicana puedan ser realizados con eficiencia.
