La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe por un delito de soborno y manipulación de testigos en uno de los casos que afectan al político, que gobernó el país andino entre 2002 y 2010. El tribunal, que concedió al exmandatario arresto domiciliario, investiga un expediente según el cual varios testigos recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios que favorecen al actual senador. Entre esas declaraciones figura la de un antiguo paramilitar que en una primera fase del juicio había involucrado a Uribe en el nacimiento de un bloque de las autodefensas colombianas
Al expresidente se le acusa de haber participado en el soborno de varios testigos con dinero y favores jurídicos a cambio de que declararan contra un legislador de la oposición, el senador Iván Cepeda, miembro del partido Polo Democrático.
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Uribe había acusado en 2012 a Cepeda de organizar un complot para vincularlo con escuadrones paramilitares, pero años más tarde, en 2018, un tribunal aseguró que ese senador había actuado como parte de su trabajo y que ni pagó ni presionó a exparamilitares.
Fue ahí cuando la corte acusó al exmandatario de haber presionado a los testigos a través de terceras personas.
Uribe es uno de los políticos más influyentes de Colombia en este siglo. Gobernó de 2002 a 2010, después de reformar la Constitución colombiana para aprobar su reelección inmediata en un proceso controversial que terminó con la condena y encarcelamiento de su jefe de gabinete, su ministro del Interior y su ministro de Protección.
El expresidente debe ser procesado por otra sección de la Corte Suprema de Justicia, llamada Sala de Juzgamiento, creada por el Congreso con el apoyo del expresidente y su partido. La ley colombiana establece una pena de cárcel de 12 años para los delitos de soborno y fraude, de acuerdo a la agencia Reuters.
