Iván Cepeda (Bogotá, 1962), senador de Colombia por el Polo Democrático, es víctima en el proceso por manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha pasado el último mes bajo detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo por orden de la Corte Suprema de Justicia. El intrincado caso que involucra al exmandatario, mentor político del presidente Iván Duque y líder del Centro Democrático, el partido de Gobierno, pasó a una nueva etapa esta semana, cuando el alto tribunal decidió enviar el expediente a la Fiscalía General como consecuencia de la renuncia de Uribe a su escaño en el Senado.
El caso inicia en 2012, año en el que Cepeda intentó demostrar los supuestos vínculos de Uribe con el paramilitarismo. Uribe presentó entonces una denuncia contra Cepeda ante la Corte, encargada de investigar a los congresistas, acusándolo de un complot con el propósito de involucrarlo en esas actividades. Las investigaciones tuvieron un vuelco en 2018, cuando el alto tribunal se abstuvo de procesar a Cepeda y por el contrario pidió investigar al exmandatario bajo la sospecha de que fueron él y sus abogados los que manipularon testigos en las cárceles colombianas contra el senador de izquierda.
Cepeda, quien había defendido que el Supremo debería mantener su competencia en el caso Uribe, presentó este miércoles una recusación contra el fiscal general, Francisco Barbosa, un íntimo amigo del presidente Duque, para que se aparte de las investigaciones debido a la falta de garantías de imparcialidad. El senador acusa en el expresidente una “actitud de ataque a las instituciones” en esta entrevista telefónica con EL PAÍS.
Pregunta. En su criterio, la Corte Suprema debía mantener la competencia en el caso contra Álvaro Uribe, pero el alto tribunal envió el proceso a la Fiscalía. ¿Qué opina de esa decisión?
Respuesta. Es una decisión que no comparto, pero que acato. Creo que un caso de esta dimensión y trascendencia, con una figura que tiene tal poder político, no puede ser asumido simplemente por un fiscal o un juez de un circuito ordinario. Porque si la presión que se ha desatado contra los miembros de la Corte Suprema ha sido del calado y de la naturaleza que hemos visto, qué podemos esperar cuando esto llegue a manos de un operador judicial que va a tener mucha mayor vulnerabilidad. La Corte ha presentado argumentos de carácter jurídico, yo los respeto. Pero se configura una nueva situación, y habrá que ir paso a paso y evaluar cuáles son las conductas y las decisiones que toma el fiscal.
P. ¿Por qué decidió recusar al fiscal Francisco Barbosa?
R. Porque es evidente que tiene un nexo estrecho con el presidente, con el Gobierno, con el partido de Gobierno. Y en esas instancias, y con relación al presidente, Uribe es una persona determinante. Si bien el fiscal puede ser que no haya tenido una relación de amistad o intimidad con Uribe, eso no significa que no determine su comportamiento y sus decisiones ese entorno al cual pertenece el expresidente, y al cual el fiscal Barbosa está sin lugar a dudas indisolublemente ligado.
P. ¿Esa recusación no puede terminar en nuevas y mayores dilaciones en el proceso contra el expresidente por soborno y fraude procesal?
R. No, a mí me parece que es un procedimiento absolutamente legítimo y propio de cualquier instancia. Aquí no se trata ni de dilatar ni de prolongar esto, pero tampoco de que nuestros derechos sean vulnerados, y en eso hay que tomarse el tiempo que sea necesario.
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P. El expresidente ha alegado que no tenía garantías en la Corte Suprema. ¿Usted piensa que las tenía?
R. Lo que yo pienso es que Uribe utiliza la justicia como una especie de traje, o de menú de restaurante. A él le gusta hasta que cumple su interés y sus propósitos, pero una vez que él observa que las decisiones o las actuaciones de los magistrados no se ajustan a lo que él cree que debe ser comienza una fase de ataques, primero moderados y luego una batalla campal contra la justicia. Y así ha sido en otras oportunidades. Lo que ha ocurrido con esta historia, en la que llevamos nueve años, es que Uribe me denuncia, lleva todas las pruebas; cuando comienza la investigación a tomar forma, Uribe comienza milagrosamente a decir que no tiene garantías, cuando ha presentado todas las pruebas, ha dispuesto de todos los medios para acusarme, y después para defenderse. Es una campaña furibunda en la que se acusa a los magistrados de mafiosos, de secuestradores, en la que se contrata una compañía para desprestigiarlos en Estados Unidos. Esto no es ninguna falta de garantías, es una actitud de ataque a las instituciones y de deslealtad con la justicia. Uribe no es un demócrata.
P. La Procuraduría pidió recientemente enviar el expediente a la Fiscalía, pero también confirmó su absolución. ¿Por qué la defensa de Uribe insiste en pedir que se revise su caso?
R. Porque no se resigna a que haya perdido esa batalla. Uribe es un hombre profundamente vengativo, no está acostumbrado a perder, no tiene la capacidad de admitir sus derrotas o sus errores. Y es obsesivo. Él morirá pidiendo que se abra ese proceso en mi contra, tal vez sus últimas palabras y deseos sean esas.
P. ¿Qué opina de la estrategia jurídica del expresidente?
R. Es una estrategia plagada de acciones que han llevado a que la Corte hoy lo investigue por delitos. Más que una estrategia judicial, aquí ha habido una especie de concierto para delinquir.
P. ¿Cuál es su expectativa con respecto al avance del proceso en la Fiscalía?
R. Hay una de carácter jurídico. Espero que se avance hacia a un juicio y que se condene a Uribe por haber cometido esos delitos, pero que también se avance en otros procesos judiciales contra él. Porque este caso es consecuencia de otros casos. Si es cierto lo que se investiga, Uribe estaría intentando encubrir hechos del pasado, que son muy graves. Haber creado un grupo paramilitar, que ese grupo paramilitar haya cometido masacres, que haya enterrado personas que desapareció en su hacienda, es necesario aclararlo desde el punto de vista judicial. Pero hay otro plano, tan o más importante, político y de pedagogía política. Es muy importante que la opinión pública colombiana pueda comparar cuáles son las actitudes y las conductas de Uribe y mías frente a la justicia. En eso hay una diferencia abismal, y es que yo respeto a la justicia. Sea cual sea el resultado. Si veo que no hay garantías diré que no las hubo, pero me ceñiré a un comportamiento respetuoso de las instituciones. Esa no es la actitud de Uribe.
P. ¿La investigación debe volver a empezar o retomarse desde el punto en que había quedado en la Corte?
R. No hay ninguna razón válida para que se anule lo que ha sido investigado. A Uribe lo ha investigado el tribunal supremo de la justicia penal en Colombia. ¿Qué razón habría para anular las actuaciones de ese tribunal? Eso sería un prevaricato si lo hace el fiscal.
P. ¿La Fiscalía debería liberar inmediatamente a Uribe, como pide su defensa?
R. De ninguna manera. La medida se tomó porque la Corte dijo que Uribe podía obstruir a la justicia, y si algo ha quedado claro en este mes que ha transcurrido después de su detención es que, incluso estando bajo esa reclusión domiciliaria, Uribe ha desplegado inmensos esfuerzos y recursos para obstruir la labor de la justicia. Lo que se ha evidenciado es que la medida era totalmente justa y necesaria.
