Informaciones poco precisas, errores de formulario, montos abultados y achicados hasta el punto de levantar sospechas al realizar comparaciones, han hecho de las declaraciones juradas de bienes una de las principales herramientas de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar eventuales sustracciones de bienes del Estado.
En la lista se encuentra el senador Félix Bautista, que fue citado para comparecer por segunda vez, tras haber declarado RD$ 30 millones.
Solo en 2014 Bautista llegó a ser demandado por la suma de RD$ 112 millones.
Otros llamados ante el Ministerio Público por el mismo motivo fueron el diputado Radhamés Camacho y la exdiputada Lucía Medina.
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Funcionarios del actual gobierno también están siendo investigados al respecto, entre ellos, la en licencia ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, y el alcalde del municipio de Pedro Brand , Wilson Paniagua.
La costumbre
El jurista Juan José Eusebio afirma que una de las modalidades que se utilizan para ocultar los bienes en las declaraciones juradas es la función societaria dentro de empresas, en las que en ciertos casos, cuando el funcionario es saliente, solo se declara el capital suscrito y pagado que asciende en la mayoría de los casos a 100 mil pesos.
“Pero si el funcionario es entrante, trata de declarar un valor muy por encima del real, así como acreditar bienes como aportes en naturaleza de dichas compañías.
Demanda
Francisco Álvarez, de Participación Ciudadana, declaró ayer que las visitas del presidente de la Cámara de Cuentas a la PGR muestra el interés de poner fin a la práctica de no examinar las declaraciones de patrimonio.
Dijo esperar que la Procuraduría no se limite a recibir explicaciones, sino que compare las declaraciones juradas con los reportes de impuestos sobre la renta para evaluar si con los ingresos declarados ante la DGII justifican los bienes que reportan.
