Por María Estela de León
El matrimonio infantil es una problemática que se ve en las mayorías de los países de América Latina y otros continentes, siendo también la República Dominicana unos de los países donde se visualiza esta situación.
En la actualidad la corriente internacional es que se elimine de una vez y por toda, de las legislaciones de los países que aún no lo han hecho, el matrimonio infantil y la práctica de las uniones con menores de edad.
En ese sentido se expresaron 8 países que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organización de la cual República Dominicana es miembro desde el año 2013. La Nación se coloca dentro de los Estados que han asumido el compromiso de incorporar el matrimonio a partir de la edad de 18 años.
Se recuerda que el Estado dominicano es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, compromiso que ratificó en el año de 1991, así lo refiere el Artículo 24, párrafo 3 de este dispositivo internacional “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños”.
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Es por ello, que saludamos las iniciativas del gobierno de crear un plan interinstitucional de acción para erradicar esta práctica dañina y vergonzosa, enquistada en la simiente de la sociedad, y la derogación de los artículos 144 y 146 del Código Civil Dominicano.
Con esta postura el país se muestra cónsono con los compromisos internacionales asumidos a través de los convenios, que buscan proteger y salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es necesario la implementación de políticas públicas que vinculen de forma directa a la familia. Se espera que la discusión en relación al tema no se centre solo en lo legal y en lo que establecen las legislaciones, sino más bien que se le preste atención a combatir las causas sociales que dan lugar a las relaciones tempranas.
En este sentido, creemos necesario que urge la necesidad de activar los mecanismos preventivos y al mismo tiempo una eficaz política pública promovida desde el Estado que involucre en primera instancia la familia como el núcleo social donde cohabitan los infantes y de donde debe venir la primera formación y educación, todo esto acompañado de un régimen de consecuencia a todos los niveles, que permita identificar los responsables del cuido de este segmento importantes de la población.
Es de conocimiento que estas relaciones en su mayoría son de hecho no de derecho. Prevenir es la clave para la erradicación del matrimonio infantil, toda vez que se sabe que dentro de las causas que dan espacio para este tipo uniones están: La pobreza, ausencia o escasa oportunidad para el acceso a la educación en la población más vulnerable. A ellos se les suman, la poca vigilancia del uso de redes sociales, la música sin regulación estatal con contenido que incitan a la violencia y al uso de sustancias prohibidas, a la promiscuidad, al irrespeto de figuras, símbolos y las relaciones sexuales de manera irresponsables.
Ante este drama social, las familias de escasos recursos encuentran la oportunidad de romper con el círculo de la pobreza y terminan vendiendo como mercancía al mejor postor las niñas y niños a oportunistas, depredadores y pedófilos que les venden sueños a cambio de unas cuantas monedas y unos pocos lujos y acaban atrapados todos en un callejón sin salida.
Concluyo esta mirada al tema con la firme convicción de que en la familia está la solución y en ella las garantías de criar niños, niñas y adolescentes sanos, y así tendremos ciudadanos responsables y por vía de consecuencia un país posible.
