Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), recurrió a una alambicada madeja societaria en paraísos fiscales para adquirir inmuebles en Cartagena de Indias (Colombia), Madrid y Miami, y desviar 15 millones de dólares (12,4 millones de euros) a Suiza, Luxemburgo y Dominica, según una investigación de EL PAÍS.
El que fuera también hasta 2010 director de la compañía pública Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela se sirvió para estas inversiones de los fondos que presuntamente saqueó de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), según la policía de Andorra.
El exjerarca chavista figura desde septiembre de 2018 entre los 28 procesados por un juzgado de Andorra por participar en el supuesto expolio de 2.000 millones de euros de la petrolera venezolana. Alvarado está acusado de blanqueo de capitales y de pertenecer a una red que cobró comisiones a empresas entre 2007 y 2012 a cambio de adjudicaciones de la energética.
Alvarado usó Lairholt Finance Limited, su sociedad en el paraíso fiscal de Belice, para comprar por 1,1 millones de dólares (970.000 euros) una vivienda en España en noviembre de 2009. También, recurrió a esta mercantil para conseguir en abril de 2011 otro inmueble en Miami a través del testaferro Michael Freeman por 950.000 dólares, según documentos internos de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Las transferencias revelan también que Alvarado utilizó su compañía de Belice para comprar en septiembre de 2011 un apartamento en Madrid por 700.000 dólares a través de un banco de Panamá.
La ruta del dinero en paraísos fiscales
Los movimientos financieros de este expolítico que se ganó la confianza del fallecido Chávez confirman su tendencia a mover el dinero de un paraíso fiscal a otro. En agosto de 2014, traspasó ocho millones de euros de la BPA a una cuenta a su nombre en el Millenium Bank de Suiza. Y otro millón que tenía en el principado pirenaico acabó en un banco del entonces paraíso fiscal de la isla caribeña de Dominica. Además, en marzo de 2015, el exviceministro invirtió seis millones de dólares (cinco millones de euros) en Luxemburgo en una Sicav, el instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos.
Un tren de lujo de Miami a Nueva York
Alvarado tiró también de su telaraña mercantil para pagar reformas, señales de inmuebles y costosos honorarios de decoradores, según las facturas.
Así, mediante su empresa Treviso International Foundation, abonó 1,5 millones de dólares a la compañía panameña Codfish Investments SA en noviembre de 2014.
El desembolso permitió pagar al decorador “Mr. Nieto” (150.000); formalizar las señales de propiedades en Miami y Nueva York (225.000); y retribuir al abogado Michael Freeman, supuesto testaferro del exjerarca chavista (275.000). También, remodelar una vivienda (250.000).
El misterio de un hotel en Cartagena de Indias
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Una de las transacciones más llamativas conduce a un plan para hacerse con el hotel Anandá de Cartagena de Indias, un edificio de lujo de 23 habitaciones de paredes blancas que retrotrae al Caribe del siglo XVI.
Alvarado invirtió en 2014 cuatro millones de dólares en este negocio, se hizo con el 70% de las acciones del establecimiento y saldó una deuda de dos millones de dólares con un banco de la empresa propietaria, según los documentos.
Para desembarcar en el Anandá, el exmandatario adquirió a través de la firma luxemburguesa Sirena International SA el 70% de las acciones de la compañía Inversiones Calle del Cuartel, dueña del hotel, según revela el acta de la asamblea extraordinaria de esta última compañía fechada el 7 de noviembre de 2014.
La representante de Sirena International SA en la transacción fue Ceciree Casanova, exresponsable de recursos humanos de Electricidad de Caracas (EDC), una compañía pública dirigida hasta 2010 por Alvarado. Casanova se convirtió tras la compra en directora principal de la sociedad propietaria del hotel, según el acta.
EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de los gestores de dicho hotel.
Alvarado rechaza a través de su letrado, Antonio Catalá, tener inversiones en Colombia. Y explica que la compra de un inmueble para convertirlo en hotel en este país se frustró en marzo de 2015 tras la intervención de la BPA, donde el expolítico venezolano manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que ingresaron 46,5 millones de euros del supuesto saqueo de PDVSA, según los investigadores del país pirenaico.
Alvarado se niega a facilitar a este periódico el documento que acredita que dio marcha atrás a la compra del hotel Anandá; apela a la protección de datos.
La tesis de que finalmente no se hizo con el establecimiento de Cartagena de Indias choca con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), que sostiene que Alvarado transfirió el 24 de febrero de 2015 más de cuatro millones de dólares desde su sociedad panameña Treviso Internacional Foundation a la mercantil de Barbados Inversiones Calle del Cuartel para adquirir el hotel.
Alvarado rechaza asimismo que sus multimillonarias inversiones estén conectadas con el saqueo de PDVSA. Y relaciona su fortuna con “una actividad profesional en el área de energía y medio ambiente”.
Sin embargo, el caudal de fondos que Alvarado movió en Andorra se nutrió de transferencias de otros miembros de la red que expolió la energética venezolana, según la policía andorrana. En concreto: Alvarado recibió 25 millones de dólares del que fuera también viceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y 8,8 millones de Luis Mariano Rodríguez Cabello, gestor de negocios de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA.
Un banco que miró a otro lado
Los gestores de la BPA abrieron el entramado financiero de Alvarado —según documentos internos de este banco— pese a que el exjerarca chavista figuraba desde 2005 vinculado a casos de blanqueo en World-check, una base de datos que utilizan los bancos para identificar a Personas Expuestas Políticamente (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.
Junto a su procesamiento en Andorra, Alvarado se asoma a un precipicio de causas judiciales. El exmandatario está siendo investigado en España y EE UU. En Madrid, fue arrestado en 2019 a petición de un juzgado de Texas, que le reclamaba por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo en un caso de corrupción conectado con la eléctrica venezolana de más de 50 millones de dólares. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó su extradición a Estados Unidos al entender que la causa se estaba investigando en España a raíz de una querella de PDVSA.
Además, Alvarado figura desde 2017 como investigado en la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones en una causa que indaga los contratos de la empresa asturiana Duro Felguera.
