Por Nelson Encarnación
Uno de los pensadores fundamentales de la Francia de mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX, Benjamín Constant, advertía ya para entonces que el Legislativo no podía ser dejado actuar libremente, dada su vocación casi natural a excederse en sus prerrogativas.
“Cuando el Legislativo lo abarca todo, no puede hacer otra cosa que mal”, sentenciaba el erudito de las ideas políticas y de la teoría democrática.
Justamente estos días sucedieron dos situaciones que dan cierto asidero a la sentencia de Constant de hace más de doscientos años.
Una sucedió en El Salvador, donde el Parlamento, controlado por el partido del presidente Bukele, dio un golpe de mano contra la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, cancelando a sus integrantes en una acción considerada, dentro y fuera del país centroamericano, como ilegal.
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En este caso se confirma la advertencia de Constant: “Cuando el legislativo lo controla todo…”. El golpetazo de Bukele solo se justifica en la condición de dominio que ejerce, el cual, si bien ha derivado del pueblo en votaciones presidenciales y congresuales, no deja de ser un dominio peligroso para la democracia salvadoreña.
El otro hecho aconteció en la República Dominicana con la aprobación del vapuleado Código Penal, cuyo periplo legislativo se remonta a 24 años dando tumbo entre la Cámara de Diputados y el Senado.
Los diputados aprobaron un artículo 303 que parece metido de contrabando, el cual contempla penas de hasta tres años de prisión para los funcionarios hallados culpables de la comisión del delito de corrupción.
Si uno de los principales dolores de cabeza para los países es ahora mismo la corrupción, castigar esta con tres años de prisión (que pudieran ser ninguno, eventualmente) sería como crear un premio para que los delincuentes de la política se sientan motivados a robarse el Erario.
Salta a la vista que esa desviación no obedeció a una travesura legislativa aprovechando que la sociedad estaba concentrada en el curso de las tres causales para la interrupción del embarazo, el punto de mayor ebullición del Código Penal. No.
Se trató de un globo de ensayo soltado al aire para calibrar la reacción de la sociedad. Si todo pasaba por debajo de la mesa o el globo ganaba altura y desaparecía en el horizonte, los futuros corruptos podían batir palmas.
Sin embargo, la vigilancia ciudadana salió al paso, vinieron las explicaciones y el asunto vuelve a debate para eliminar esa patente de corso, que no sería otra cosa para quienes ven en los fondos públicos una oportunidad para la movilidad económica y el ascenso social sin mucho talento y con el menor esfuerzo.
