Por Nelson Encarnación
La lucha contra la corrupción saltó a los primeros lugares de las grandes preocupaciones nacionales cuando la gente percibió que funcionarios públicos y allegados se estaban llevando entre las uñas el producto de los grandes sacrificios colectivos y nada pasaba.
Si revisamos las encuestas de hace 10 años encontraremos que el tema estaba relegado a los lugares cinco y seis, opacado por la delincuencia e inseguridad ciudadana, el desempleo, altos precios de la comida, situación económica en sentido general y la desesperanza.
A veces quedaba por encima el deseo de emigrar de una parte apreciable de los encuestados, lo que significa que la corrupción no formaba parte de las preocupaciones nacionales.
Sucedió que, de tanto ir el cántaro a la fuente, terminó por romperse; o lo que es igual: tanto joder embaraza.
El asunto es
que a contar de los últimos seis años del pasado Gobierno se percibió un desenfreno en la ambición de riqueza de funcionarios y allegados y la población entendió que ya estaba bueno.
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Es ese contexto en que la corrupción pasa a ocupar uno de los tres primeros lugares en las mediciones, siendo frecuente que se encuentre en el primero.
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento a un problema del calado de la corrupción, en cuyo combate se debe andar con pie de plomo para no dañar ese reclamo ciudadano.
Perseguir por perseguir es un servicio que se hace a los aprovechadores de la función pública, ya que ellos quisieran que se les juzgara con pruebas débiles para hacer salirse con las suyas y con las de otros.
Esta advertencia vale para los juzgadores dados a seguir la corriente de redes sociales donde se lapida sin piedad por el solo hecho de que tal o cual actual o ex funcionario caiga mal a grupos que procuran formar tendencia.
El clamor para que sea adecentado el ejercicio de la función pública va más allá de que en las redes se acuse sin pruebas y de que los fiscales o jueces se dejen llevar por esa corriente de opinión construida a partir de esos intereses.
De afincarse esa conducta estaríamos próximos al descrédito de los procesos, a partir de entenderse que los expedientes son fabricados con ideas preconcebidas de tener en las redes la creación del ambiente propicio para facilitar el trabajo de los jueces.
Lo que no sabemos es que no todos los jueces se dejan llevar por corrientes de opinión, sino que basan sus decisiones en las pruebas que acumulen los expedientes, sin detenerse a pensar en la cantidad de menciones negativas que reciban en las redes.
