Por: Agustín Perozo Barinas
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En el mundo actual tan interconectado con las redes sociales, en donde muchos son opinólogos de “primer orden”, buscando protagonismo a toda costa por aquellos «quince minutos de fama» que expresó Andy Warhol, y alimentando entre los borregos, que siempre son mayoría, el odioso “rumor público” con el cual se juzga y condena a priori sin importar reputaciones ni trayectorias, es obligado y prudente aclarar que: «el principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción».
Un mensaje a los nuevos titulares de las instituciones públicas que se están “haciendo los locos” sobre los desfalcos en las administraciones precedentes en sus instituciones: está tipificado penalmente encubrir delitos.
Por definición, los encubridores de delitos son:
«Los que conociendo la perpetración de uno de ellos o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en ello como autor, ni como cómplice, intervienen, con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: 1- Aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. 2- Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. 3- Albergando, ocultando o proporcionado la fuga al culpable. 4- Acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores, sabiendo que lo son, aún sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o facilitándoseles los medios de reunirse u ocultar sus armas o efectos, o suministrándoles auxilios o noticias para que se guarden, precavan o salven».
Somos muchos ciudadanos en toda la geografía nacional que sabemos que en prácticamente todas las instituciones del Estado ha habido desfalcos en las últimas décadas que pueden tipificarse penalmente según el Código Penal.
Los nuevos titulares, a fin de cumplir con sus plenas responsabilidades y evitarse situaciones incómodas cuando les llegue el momento de entregar sus puestos, sencillamente deberían profundizar, a través de sus departamentos financiero y jurídico, el manejo de los presupuestos en las pasadas gestiones y, comprobando dolos, remitir las informaciones pertinentes a la Procuraduría General de la República para las investigaciones y seguimiento de lugar.
Con ello se cumple con el mandato de: «cumplir y hacer cumplir las leyes de la República», y que al Estado se va a «servir, no a servirse».
Como se ha sugerido ante el Congreso Nacional, la Ley de Extinción de Dominio debe ser también retroactiva. Esta ley es: «una acción que tiene el Estado para extinguir la propiedad de los bienes que tiene relación con la comisión de ciertos delitos como peculado, malversación, concusión, fraude, colusión, cohecho pasivo y activo, evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa, estafa propia o mediante información contable, cuando el agraviado sea el Estado», entre otras “indelicadezas”.
Como el refrán popular: «quien la hace, la paga». Los robos al Estado Dominicano, tanto en dinero como en otros activos de variada naturaleza, ha sido una ímproba práctica descarada, inmoral y desmesurada.
Asumiendo que la decencia y sentido del deber guíen a estos nuevos titulares en este sentido (ya van para un año en sus cargos), o ya sea el temor a consecuencias penales futuras, es muy probable que serían muchos los investigados y no solo del sector público pues del sector privado intuimos habría muchos implicados por igual.
Una justicia independiente y con suficientes recursos podrá hacer realidad lo que sabemos nos falta con urgencia si queremos enderezar el mal rumbo de nuestro país: consecuencias. No solo para el ratero y el atracador, sino también para los grandes ladrones que logran colarse dentro de las instituciones del Estado y sus presupuestos. Quien no quiera que se le llame «ladrón», muy simple: no robe.
Y hay muchas formas de robar sutilmente… a través de tecnicismos legales y administrativos. Los congresistas lo saben muy bien. Como la asignación de privilegios de todo tipo imaginable en las mismas instituciones: desde salarios en extremo excesivos, hasta paquetes de beneficios y pensiones ridículamente injustificadas dentro del sentido común más básico y elemental.
¿Sería una cacería de brujas? ¿Qué importa? Lo que importa es llevar ante la justicia a los que han robado activos públicos y recuperar estos. Lamentablemente muchos recursos son irrecuperables como son los pagos a las denominadas “botellas”, viáticos, gastos de representación, exoneraciones, donaciones, asignaciones, etc., que fueron consumidos y sin retorno alguno. Sin embargo, aún así, pueden ser investigados, cuantificados y esos fondos reclamados.
Pedro Miguel Lollett indica que la auditoría forense es el uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales.
Dicho de otro modo, las herramientas existen para apoyar a los nuevos ministros, directores generales, administradores, gerentes, etc., en esta tarea de depuración en sus carteras sobre ilícitos previos a sus designaciones, incluido el Presidente de la República.
Las posiciones de primera categoría en el Estado son políticas, por lo tanto, temporales. Algunas mentes se deforman y llegan a creerse la perpetuidad del puesto. No son vitalicias y hay que rendir cuentas. Cargar con el robo ajeno es un contrasentido: es complicidad, contubernio, confabulación. Y su tipificación penal suena aún más estresante.
Escribió Jaume Perich que: «el robo sin papeleo es un delito». En nuestro país muchos han desarrollado técnicas para sustraer ilícitamente inmensos recursos del Estado y salir “impólutos”. Parece que el tablero que lo permitía se ha desintegrado, hasta cierto punto, que era el Poder Judicial secuestrado. Ya con independencia y recursos es, y debería ser, una preocupación para todo encubridor que no entienda desde ya el mensaje.
